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17 de mayo de 2017 | | | |

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Ecuador hace caer sus tratados de protección de inversiones: entrevista con presidenta de Comisión que recomendó ese proceder

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El presidente de Ecuador, Rafael Correa, firmó el martes 16 decretos que denuncian y declaran terminados todos los acuerdos de protección de inversiones firmados por el país, especialmente en la última década del siglo pasado. Siguió, de esa forma, las recomendaciones de la Asamblea Nacional (Legislativo), que el 3 de mayo había votado a favor de ese accionar en 12 de esos tratados.

Los convenios que caen habían sido firmados con: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Alemania, China, Suiza, Chile, Suecia, Francia, Países Bajos, Venezuela, Argentina, Canadá, Estados Unidos, España, Perú, Bolivia e Italia.

Asimismo, la decisión del Ejecutivo ecuatoriano sigue también las recomendaciones de la “Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje en Materia de Inversiones (CAITISA)”, creada por el gobierno en octubre de 2013 para estudiar los beneficios y costos de esos tratados.

El 8 de mayo, pocos días después de la votación en la Asamblea Nacional, la CAITISA presentó en Quito, capital de Ecuador, los resultados de su trabajo. Radio Mundo Real entrevistó a la presidenta de esa comisión e investigadora del Transnational Institute de Holanda (TNI), Cecilia Olivet, para conocer los principales hallazgos del grupo de trabajo. La entrevista se realizó el lunes, antes de las firmas de los decretos por parte del presidente Correa.

La comisión estuvo conformado por 12 personas, entre las cuales hubo funcionarios gubernamentales, representantes del mundo académico, del derecho y de grupos de la sociedad civil. Se destacó la presencia en el grupo del principal experto mundial en materia de derecho de inversiones, Muthucumaraswamy Sornarajah, y del ex procurador del Tesoro de Argentina, Osvaldo Guglielmino.

La CAITISA había finalizado funciones en 2015, luego de dos años de trabajo, pero los resultados completos se presentaron la semana pasada (el informe tiene unas 700 páginas), luego que el gobierno de Ecuador analizó los resultados y a pesar de las presiones para que no avanzara siguiendo la recomendación de la denuncia de los convenios de protección de inversiones. Las recomendaciones de la CAITISA no eran vinculantes, pero el gobierno que comanda Rafael Correa las siguió de todas formas.

“Los Tratados Bilaterales de Inversiones no fueron determinantes en la atracción de inversión extranjera directa” para Ecuador, fue una de las principales conclusiones del estudio, según dijo Olivet a Radio Mundo Real. A pesar de las promesas previas de que las firmas de esos convenios atraerían las inversiones, “de los sietes grandes inversores externos en Ecuador, sólo un 23 por ciento viene de países con los que Ecuador tenía un tratado de protección de inversiones”.

Es más, “ninguno de los tres países de donde proviene el principal flujo de inversiones, Brasil, México y Panamá, tiene un tratado de protección de inversiones con Ecuador”.

Olivet ahondó en el pasivo ambiental, social y económico que los tratados de protección de inversiones le han dejado a Ecuador. “Las empresas que demandaron al gobierno ante tribunales internacionales (basadas en los tratados) no contribuyeron al crecimiento productivo, a la creación de empleo o a la transferencias de tecnologías”, promesas siempre promovidas por los países y corporaciones defensoras de esos acuerdos.

En contrapartida, “estos tratados han traído costos casi exorbitantes para Ecuador”, alertó la presidenta de la CAITISA. Según los datos que publica el grupo de trabajo, Ecuador ha sido demandado 26 veces por inversores extranjeros (que casi siempre han sido favorecidos en los litigios) y los arbtitrajes de inversiones le han costado al Estado 1498 millones de dólares, por los pagos a los demandantes, los árbitros y los abogados a cargo de la defensa judicial. Esa cifra es, para calibrar el gasto de Ecuador, “más o menos el 62 por ciento de lo que el Estado gasta en salud todo el año”, fustigó Olivet.

Además, hay aún varios casos abiertos de arbitraje internacional contra el Estado ecuatoriano, que podría llegar a tener que pagar en total 13 400 millones de dólares. “Más o menos el 52 por ciento del presupuesto general del Estado en 2017”, ejemplificó la investigadora del TNI.

Otro dato interesante es el peso del extractivismo en las demandas internacionales contra Ecuador. Más del 60 por ciento de los casos son de empresas del sector petrolero y minero. La especialista aseguró que los tratados bilaterales de inversiones han coartado la capacidad del Estado de regular a las empresas.

Otro de los aspectos muy destacados por Olivet de los estudios de la CAITISA es que no hubo procesos de negociación para la firma de los tratados de protección de inversiones en esa última década del siglo pasado. “No hubo intentos por mejorar los términos de esos convenios”, dijo la presidenta de la CAITISA. Fueron más bien “modelos impuestos por los países” del Norte, casi ninguno con debates legislativos a pesar de que hubo aprobaciones parlamentarias, con votos en bloque.

Imagen: Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica (ANDES)

(CC) 2017 Radio Mundo Real

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