10 de mayo de 2017 | Entrevistas | Anti-neoliberalismo | Industrias extractivas | Justicia climática y energía
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República Dominicana tiene serios problemas energéticos: el abastecimiento no cubre las necesidades de la población y es muy cara. El gobierno impulsó la instalación de una planta a carbón, que se pondría en funcionamiento a fines de 2018, pero la sociedad reclama que no es una alternativa sustentable ni económica, y cuestiona la forma en que fue concedida la obra.
Radio Mundo Real charló sobre todo esto con Massiel Figuereo, secretaria de Medio Ambiente de la Federación de la Salud, e integrante de la Confederación Nacional de Unidad Sindical de República Dominicana. Figuereo participó el 4 y 5 de mayo del Taller sobre transición energética, cambio climático y desarrollo sustentable, que organizó la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) en Montevideo (Uruguay).
Figuereo explicó que en República Dominicana el principal problema es que no se cuenta con energía constante, ni al alcance de toda la población. “Todos los gobiernos prometen resolver la problemática”, dijo. En relación al gobierno de Danilo Medina, presidente desde 2012 y reelecto en 2016, Figuereo comentó que “ha empezado a abordar el tema con una falsa solución: la construcción de una planta de carbón”. El nombre formal es Central Termoeléctrica Punta Catalina, se ubica en el distrito municipal de Catalina, Baní, en la provincia Peravia, y producirá energía “a partir de la quema limpia de carbón mineral pulverizado”, dice la descripción del proyecto. La planta promete garantizar el suministro estable de energía por más de 25 años y a un menor precio que el actual.
La matriz energética dominicana está basada en el petróleo, por eso es una de las más caras de la región; para tener una abastecimiento continuo, los hogares tienen pequeños generadores que acumulan energía para cuando no hay. Figuereo insistió en que el acceso a la energía es un derecho pero recordó que, a la vez, debe respetarse el desarrollo sostenible. Dijo que los gobiernos anteriores recurrieron a la privatización del servicio, pero que el tema “no se puede resolver desde la lógica de mercado”, que busca un mayor consumo.
Varias organizaciones sociales rechazan la planta a carbón. Cuestionan la forma en que fue aprobada la concesión de la construcción de la obra, puesto que se violentaron procedimientos institucionales, por ejemplo: no fue por concurso, el proyecto no contaba con los permisos ambientales y tiene un importante sobrecosto. Por otra parte, preocupa que se haya construido en terrenos de privados, que son “propiedad de una de las familias más ricas de República Dominicana que, coincidentemente, son de los pocos empresarios que se dedican al negocio energético en República Dominicana. El temor es que esta planta sea construida con la intención de pasarla al sector privado, posteriormente. Entonces, vamos a contaminar el medio ambiente para seguir pagando una factura eléctrica carísima”, reclamó Figuereo.
Agregó que su país tendrá que “seguir dependiendo de empresas multinacionales para poder tener la materia prima”. “El país tendrá que seguir buscando dólares para comprar carbono a otro país”, dijo, echando por tierra el argumento de que será más barato que los derivados del petróleo. En cambio, precisó que su país tiene gas natural, y que sería mejor recurrir a esa opción, puesto que “no hay que pagar por el producto, el traslado y la conversión en el país”. En cuanto al uso de energías renovables, Figuereo dijo que el país tiene muchas condiciones para explotar la energía eólica y solar, pero que el gobierno argumenta que será muy costoso comenzar a utilizarlas.
Los sindicatos no tienen una única opinión. Figuereo comentó que los trabajadores del sector petrolero, energético y del transporte ven con buenos ojos la construcción de la planta, que implica oportunidades laborales y una mejora en el abastecimiento energético. Figuereo y otros integrantes de la central sindical participan –como sociedad civil y no por los sindicatos- de las movilizaciones en contra de la construcción de la planta. El reclamo se “avivó” a fines de 2016, con las denuncias de corrupción que pesan contra la empresa brasileña Oderbrecht, que es la constructora de dos centrales eléctricas de Punta Catalina. Eso motivó la realización de la Marcha Verde, que se ha manifestado en varias ciudades dominicanas; uno de los principales reclamos, que pesa tanto y más que el ecológico, es el posible financiamiento de Oderbrecht de la campaña de reelección de Medina, algo que es negado por el presidente dominicano.
Imagen: http://www.debateplural.com
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