El 30 de marzo la Justicia colombiana archivó el proceso penal contra dos líderes de ASOQUIMBO, Elsa Ardila y Miller Dussán, enjuiciados por su resistencia al Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, de trasnacional italiana de energía ENEL y su filial colombiana, EMGESA.

El caso que se archivó acusaba a Ardila y Dussán por la “obstrucción de vías públicas que afectan el orden público”, por una serie de protestas sociales hechas en 2012. La pena para ese delito es de hasta cuatro años de prisión. La Justicia aceptó los argumentos del abogado de ASOQUIMBO, Germán Romero, quien planteó que los acusados estaban ejerciendo su derecho constitucional a la protesta pacífica.

El segundo proceso judicial, que todavía no está resuelto, es el que acusa a Miller Dussán de ser autor intelectual y promotor de invasión de tierras en localidades de EMGESA en 2013; la pena por ese delito es de hasta 8 años de prisión. La campaña de solidaridad con los dirigentes apela a que ENEL cumpla con el anuncio que, a raíz de la presión social, hizo en febrero de 2017, de “renunciar a cualquier otra demanda contra pendiente”. A su vez, la defensa de Dussán solicitó a la Fiscalía que archive este segundo proceso, por la inexistencia de argumentos de la multinacional.

Radio Mundo Real charló con Miller Dussán, profesor de la Universidad Sur Colombiana de Lingüística, Literatura y Filosofía y presidente de ASOQUIMBO, organización que lleva diez años luchando contra este proyecto hidroeléctrico.

Lucha permanente

Dussán celebró la solidaridad de organizaciones de derechos humanos y ambientalistas a nivel internacional porque con sus denuncias lograron que la ENEL anunciara el retiro de las demandas contra la resistencia social; al mismo tiempo, destacó que “la solidaridad de campesinos obreros e indígenas ha sido determinante en la decisión del tribunal”.

Con el fallo judicial, Dussán considera que se confirmó que se estaba judicializando la protesta, porque la fiscalía y los magistrados reconocieron que los argumentos de los imputados eran válidos y desmentían a la multinacional ENEL/EMGESA. “Se prueba una vez más que las empresas trasnacionales, cuando no tienen argumentos, acuden de una parte a la represión sistemática, a la judicialización de las protestas sociales y estimulan el asesinato de los líderes sociales y ambientales y defensores de derechos humanos en cualquier lugar del mundo”, dijo. Agregó que el caso de ASOQUIMBO es un ejemplo de lo que puede lograr la resistencia social y la solidaridad internacional y “una prueba irrefutable de la forma como operan las empresas trasnacionales para garantizar que, en el descontrol de los territorios, puedan hacer sus propios negocios, así tengan que destruir comunidades, realizar ecocidios, destruir patrimonios culturales y al mismo tiempo entrar en procesos de criminalización”.

“Cuando uno no se doblega y cuando uno mantiene la lucha y la resistencia y cree en las comunidades y en la gente, uno logra esto que para mí es una gran victoria porque, como decía algún periódico de Italia, ASOQUIMBO doblegó a la multinacional ENEL con sus argumentos y su capacidad de resistir, y la voluntad de defender los territorios por parte de todos quienes participamos en este proceso contra las multinacionales”, expresó con orgullo.

Dussán comenzó su lucha social a los 12 años y con su vasta experiencia afirma que para resistir es fundamental la organización y la movilización social permanente y que debe conjugarse, además, “la articulación de lo local, lo regional, lo nacional y lo internacional. Esas estrategias, que fueron utilizadas por ASOQUIMBO, se convirtieron en las mejores para enfrentar a las corporaciones trasnacionales y fueron las mismas comunidades que entendieron que la defensa de ellas mismas frente a las multinacionales sólo es posible con la organización y la movilización social permanente. En el momento en que una resistencia declina o debilita su organización y movilización social, en esos momentos las trasnacionales entran a golpearlas, a destruir sus propios trabajos, por eso hay que tener claro, y eso es un ejemplo de ASOQUIMBO, que estos procesos de resistencia no son coyunturales sino permanentes”.

Proyectos en cuestión
Dussán mencionó que el 11 y 12 de noviembre de 2016 se hizo una audiencia pública ambiental y que “la conclusión fue que todos los actores sociales, políticos, económicos, religiosos, organizaciones ambientales y de derechos humanos, todos los actores sociales, incluidos los que en el pasado estaban de acuerdo con el Proyecto hidroeléctrico El Quimbo, firmaron y confirmaron que debe suspenderse la licencia ambiental del Proyecto hidroeléctrico El Quimbo por los daños económicos, sociales, culturales y ambientales”. Agregó que la audiencia confirmó, además, que todos los estudios realizados por ASOQUIMBO y por instituciones como la Contaduría General de la República eran válidos e irrefutables. Dussán destacó que, como resultado de la audiencia, en el departamento de Huila se formó una Mesa de Ambiente, Agua y Territorio, que está integrada por ASOQUIMBO y que expresó que “no permitirá que se continúen haciendo represas en el departamento de Huila, ni fracking, ni minería a cielo abierto. Son tan importantes estos procesos de resistencia e interlocución con las instituciones que en este momento están parados todos los proyectos del plan de privatización del río Magdalena, el más importante del país, donde tenían previstas siete represas en el departamento de Huila y se han parado las pequeñas centrales hidroeléctricas y todos los proyectos de fracking en mi departamento, esos son los resultados de lo que ha sido este proceso de resistencia”, valoró.

“Estamos esperando que la autoridad nacional de licencias ambientales tome las decisiones obligatorias desde el punto de vista legal sobre los resultados de la audiencia pública ambiental donde todos los actores solicitaron la suspensión”, manifestó Dussán. Además, presionan para que el Consejo de Estado declare la nulidad del Proyecto hidroeléctrico El Quimbo, porque se confirmó que las obras quedaron mal hechas y que hay grandes riesgos de que ocurra un desastre.

Dussán señaló otro ribete de este asunto. Dijo que “el gobierno siempre ha argumentado que la represa es una necesidad para garantizar la sostenibilidad energética del país” pero que eso no es cierto, y así lo confirmó la audiencia pública ambiental. “En este momento en mi país existe autosuficiencia energética, nos sobra el 50% de la generación de energía, pero además quedó confirmado que los proyectos de energía que se están desarrollando en el país no son para satisfacer las demandas de las comunidades sino fundamentalmente para otras actividades extractivas y para la exportación y satisfacción del consumo internacional”, afirmó. Agregó que “está absolutamente claro que estos proyectos se realizan por las empresas trasnacionales porque [los gobiernos] les brindan las mejores condiciones para su inversión” y denunció, además, que las empresas hidroeléctricas recibieron 24 billones de pesos colombianos para restablecer la infraestructura energética del país en caso de que ocurriera un apagón nacional a causa del fenómeno climático El Niño, pero que eso no ocurrió. ASOQUIMBO solicitó a la Contaduría de la Nación “que investigue dónde están los 24 billones de pesos que le cobraron en las facturas de energía a todos los colombianos porque ese dinero en última instancia se lo robaron las corporaciones trasnacionales”.