Es el tramo final de una década de lucha y acciones desde diversas organizaciones que alternó entre amenazas directas a las comunidades y organizaciones ambientalistas que denunciaron la afectación de sus poblaciones, el sicariato contra los líderes y lideresas de la protesta, así como la apelación por parte de las empresas mineras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial para cohersionar a las autoridades.

Así lo repasó en diálogo con Radio Mundo Real el abogado y ambientalista Saúl Baños.

Desde que las comunidades dan el alerta por la presencia de las mineras y comienza a organizarse la resistencia popular, “se ha provocado la muerte de ambientalistas, (crímenes) que aún siguen en la impunidad”, explica Saúl en la entrevista.

En 2015 se hizo una encuesta amplia a todo el país por parte de la Universidad jesuita de El Salvador que arrojó casi un 80 por ciento de desaprobación social a esta actividad minera, manifestó entre otros conceptos Baños.

Asimismo, el abogado, quien se expresa en algunos medios de prensa salvadoreños en forma crítica hacia la minería, reclamó la inmediata salida de la empresa Oceana Gold (Pacific Rim), así como de sus fundaciones subsidiarias.

“Ya no tienen razón de ser en El Salvador”, señala Saúl. Manifestó que las distintas fundaciones de Pacific Rim realizaron un intenso cabildeo sobre autoridades locales y nacionales salvadoreñas, lo cual finalmente no arrojó el resultado esperado gracias a la concientización lograda por las organizaciones territoriales.