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6 de abril de 2017 | Entrevistas | Derechos humanos
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Los violentos hechos ocurridos en Paraguay el 31 de marzo dejaron en evidencia la disconformidad social contra la decisión del Congreso de reformar la Constitución para habilitar a la reeleción presidencial, pero también mostraron la cruda represión policial y la preocupación social por el “atropello a las instituciones”.
Así lo comentó en diálogo con Radio Mundo Real Guillermo Ferreiro, abogado de Derechos Humanos, que fue quien defendió a los campesinos en el caso Curuguaty. Ferreiro explicó que el tema genera mucho miedo en Paraguay, porque recuerda las “reelecciones” que perpetuaron en el poder al dictador Alfredo Stroessner, desde 1954 a 1989. “No hay una sola organización social, gremial, barrial” que apoye la enmienda, aseguró Ferreiro, quien advirtió que, de aprobarse, generará más violencia.
“El tema de la reelección es un tema recurrente en cada período constitucional de Paraguay. Casi todos los presidentes han planteado en alguna medida modificar la Constitución y permitir la reelección. Esta Constitución que tenemos vigente se escribió en 1992, cuando salíamos de la dictadura del general Stroessner y se escribió pensando en evitar otro Stroessner, entonces se puso mucho límite al Poder Ejecutivo, entre ellos la reelección”, relató Ferreiro.
Una fracción del derechista Partido Colorado, al que pertenece el presidente de la República, Horacio Cartes, promueve la enmienda, en busca de su reelección; cuenta con el apoyo del Frente Guasú -que aspira a la reelección del ex presidente Fernando Lugo-, de una fracción del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y de la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos, un partido pequeño fundado por el general Lino Oviedo.
Esta Constitución que tenemos vigente se escribió en 1992, cuando salíamos de la dictadura del general Stroessner y se escribió pensando en evitar otro Stroessner, entonces se puso mucho límite al Poder Ejecutivo, entre ellos la reelección”, relató Ferreiro.
Pero además del temor que provoca la reelección por sí sola, está la forma en que se ha querido aprobar. Ferreiro explicó que para modificar la prohibición de la reelección, la Constitución “estableció que se debe convocar a una nueva Constituyente, que no se puede hacer por la vía de la enmienda. Este gobierno ha venido insistiendo con el tema de la reelección desde los inicios y se le ha sumado la izquierda, el Frente Guasú un sector de la izquierda, porque ellos consideran que Fernando Lugo, que fue destituido en un hecho político en 2012 en forma ilegal merece una nueva oportunidad para ser candidato a presidente”.
Desde el martes 28 al viernes 31 de marzo se produjo “una serie de hechos notoriamente irregulares y absolutamente injustificados”, dijo Ferreiro. Los describió: “se convoca a una sesión extraordinaria del Congreso y, según la normativa, es el presidente el que fija la fecha, sin embargo 25 senadores se reunieron en la sala de sesiones del Senado, también los que estaban en contra de esta aprobación. Estando presente el presidente de la sala, en una reunión generaron una sesión, desde su alto un vicepresidente gira un proyecto de modificación de reglamento que era necesario para el tratamiento de la enmienda a comisión, a los 15 minutos llega un dictamen firmado por una comisión que nunca sesionó y el viernes de nuevo se hizo una sesión sin orden del día y sin presencia del secretario, sin convocatoria, una simulación jurídica de que había sesionado el Congreso y eso desató la ira de la gente, la quema del Congreso y las manifestaciones, y desató después una represión brutal por parte de la policía que concluyó con el atropello de una propiedad privada [la sede del PLRA] y el asesinato de un dirigente político del Partido Liberal, que además es el principal partido de oposición”, describió Ferreiro.
“Es la primera vez que yo recuerdo en la historia política reciente de Paraguay que desde las organizaciones sociales, los centros de estudiantes, de colegios de clase alta, de clase baja, los gremios de la patronal (…) las ONG, todos están en contra de lo que está sucediendo, todos le restan valor al procedimiento utilizado por el gobierno y sus aliados para esta aprobación de la enmienda, incluso todos cuestionan la constitucionalidad de este hecho porque hay un montón de mecanismos legales que no han respetado”, afirmó el abogado.
La población no se ha quedado de brazos cruzados. “La gente está bastante movilizada, cosa que es muy extraña en este país, la gente en general no reacciona mucho a lo político hasta que parece que llega a un hartazgo y está dispuesta a ponerle el pecho a las balas, como en varias ocasiones”, dijo.
Ferreiro sostuvo que la respuesta del sistema político ha sido “más bien sorda a lo que estaba pasando”. Relató que se convocó a una mesa de diálogo, que sesionó por primera vez este miércoles 5 de abril y que pueden ocurrir dos cosas: que la mesa de diálogo concluya con que el gobierno y sus aliados deben retirar el proyecto de enmienda, o que se declare el fracaso del diálogo y el proyecto siga su curso, aprobándose en Diputados, donde cuenta con los votos necesarios.
En relación a esta última posibilidad, el abogado expresó que “si eso ocurre el temor es que la gente salga a la calle a manifestarse y que volvamos a tener escenas como la del viernes pasado. Aquí en Paraguay se han iniciado procesos de corrupción y ninguno ha terminado, y solo han avanzado aquellos en los que la gente salió a la calle a manifestarse, entonces la gente tiene la conciencia de que si uno no sale a la calle a exigir con vehemencia y hasta con violencia no ocurre nada”, lamentó.
Ferreiro agregó que “la gente, más que alarmada, está hastiada y con ánimo de salir a manifestarse y de detener este atropello burdo a la institución. Eso es muy bueno, pero también las instituciones les han dado a la gente el mensaje de que si la gente no se manifiesta en forma virulenta no pasa nada, aquí no se investiga un crimen, aquí no va preso nadie, aquí hemos visto gente robando frente a las cámaras y no pasa nada, la gente está muy hastiada de todo, Asunción está rodeada de barrios donde hay carteles donde dicen ’Comisión de vecinos. Aquí no llamamos a la Policía ni al fiscal’. Paraguay es un país que va rumbo al enfrentamiento, permanentemente, y este es un momento de mucha crispación y donde hay mucho temor de que esa violencia llegue a extremos que sería lamentable”, advirtió.
La situación es compleja y excede a este hecho político puntual. Para finalizar, Ferreiro mencionó que “todo eso es que la gente percibe como un atropello a las instituciones, eso es algo que la clase política no ha entendido en Paraguay, Paraguay todavía es un país donde un juez dicta sentencias por el telefonazo de un gobernador o de un senador, ocurre en el Paraguay todo el tiempo y la gente está muy cansada de eso”.
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