La evidencia surgió del documento final del Monitoreo de Cambio de Uso de Paisajes Productivos (MOCUPP), impulsado por los ministerios de Ambiente y Energía, y de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, con la coordinación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Radio Mundo Real conversó con Mauricio Álvarez, presidente de la Federación Conservacionista de Costa Rica (Fecon) sobre la importancia de este documento y los caminos que se abren.

Álvarez contó que hasta ahora las organizaciones no tenían datos sobre la expansión del cultivo de piña, aunque tenían la comprobación hecha por muchas comunidades, que veían que en una noche desaparecían montes enteros. Además, el cultivo se ha extendido sobre áreas que antes estaban destinadas a los cultivos de arroz, frijoles y maíz “que son la base de la soberanía alimentaria del país y de pronto las veíamos convertidas en grandes desiertos verdes de piña”, lamentó Álvarez. “Siempre decíamos es una expansión descontrolada y nos decían: ‘No, es un proceso planificado’. Nadie sabía a ciencia cierta cuánta piña había, ni dónde estaba, ni sobre qué terreno se había sembrado, qué era lo que habíamos dejado de producir”, sostuvo. Agregó que Costa Rica es un país pequeño “tenemos alrededor de 500.000 hectáreas para sembrar agricultura y más de la mitad son monocultivos, principalmente café, caña, piña, bananos y palma africana; esos últimos tres son los que más nos preocupan porque son monocultivos de exportación -junto con la caña que se está usando en etanol- y todos los granos básicos se pierden, se están importando de otros países y estas tierras se pierden definitivamente para el monocultivo de exportación desplazando a los pequeños campesinos”.

El Censo Agrícola de 2015 había registrado 37.659 hectáreas de piña, pero las imágenes satelitales detectaron que hay 58.442 hectáreas, es decir, 20.000 más que las declaradas. Según Álvarez, todavía no hay una respuesta oficial al informe. “El ministro de agricultura dijo que hay que pasarle el informe a los piñeros que ellos tienen que defenderse y no se ha referido al detalle del informe”. La diferencia entre un registro y otro es tal porque “hubo una excesiva confianza hacia los empresarios que eran los que daban datos”, dijo Álvarez, que añadió que “los empresarios no dejaban entrar a sus propiedades a los funcionarios censales y les daban sus propios datos de cuántas hectáreas tenían sembradas”. Una de las técnicas usadas para confundir a los funcionarios era dejar una linda de bosque alrededor de las plantaciones, para que no se vieran las plantaciones de piña al interior.

“Necesitamos responsables. Ahora le podríamos decir a un consumidor en Europa: ’Esta empresa deforestó 100, 200 300 hectáreas de bosque donde había felinos, todo tipo de mamíferos y el precio de la piña que usted pagó a un euro, aquí costó miles y miles de dólares’”, calculó Álvarez. Agregó que habría que sumarle el costo de la deforestación, de la pérdida de carbononeutralidad y la contaminación que provocó la plantación, porque las poblaciones aledañas han contabilizado hasta 22 químicos diferentes en sus cursos de agua.

Organizaciones como Fecon están estudiando iniciar procesos legales; Álvarez comentó que “son contados con los dedos de una sola mano la gente que ha sido condenada por delitos ambientales”. “Vamos a buscar los casos más emblemáticos para tratar de llevarlos a la Justicia y que se siente un precedente, porque entendemos que la impunidad ambiental se fortalece, tiene su base en que no haya ningún caso ejemplificante y esto ha estimulado a que todo el mundo cometa delitos ambientales, porque es muy difícil llevarlos a juicio y mucho más llevarlos a la cárcel”.

Además de todo lo que pueda provocar este documento en el interior de Costa Rica, Álvarez alentó a otros países a utilizar esta herramienta de bajo costo para visualizar las grandes extensiones de monocultivos, que están en expansión a nivel mundial.