Andalgalá es una ciudad de Catamarca en la que viven 20.000 personas. Allí se conformó la asamblea de vecinos El Algarrobo, que lleva ocho años luchando contra el proyecto minero Agua Rica, de la empresa canadiense Yamana Gold, en el que participa también la provincia de Catamarca. El yacimiento está ubicado en los Nevados del Aconquija, un ambiente periglacial y de glaciares que contribuye a la recarga de las cuencas hidrográficas. Los vecinos conocen de cerca los daños y las promesas incumplidas de las mineras, puesto que a 35 kilómetros se ubica el proyecto Bajo La Alumbrera, que opera en Argentina desde 1997.

Radio Mundo Real conversó con Mariana Katz, abogada del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) de Argentina y de la asamblea El Algarrobo.

Años en la Justicia

Katz contó que en 2009, cuando los vecinos se enteraron que la Secretaría de Minería del gobierno de Catamarca había otorgado a Agua Rica los permisos de exploración y explotación del yacimiento minero Agua Rica, presentaron ante la Secretaría de Minería un recurso de nulidad, alegando que violaba el Código de Minería, entre otras leyes. En enero de 2010 impusieron un recurso de amparo ambiental en el que solicitaron el cese y la paralización de la exploración y la explotación, la nulidad del acto administrativo, y una medida cautelar, para que no se realizara ninguna actividad hasta que el juez se expresara sobre la solicitud, explicó Katz. Los magistrados del municipio y de la provincia rechazaron todos los pedidos de los vecinos. En 2012 presentaron un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación; para tener respuesta de este organismo los vecinos organizaron dos acampes frente a la sede de la Corte, en noviembre de 2014 y en febrero de 2016. La Corte les dio la razón en ambas oportunidades: dictaminó que los vecinos tenían razón en su reclamo y que el derecho al ambiente sano estaba siendo vulnerado y que la autorización minera era ilegal; envió el trámite a Catamarca para que el juez de primera instancia dictara una medida cautelar y suspendiera la actividad.

Pero la Secretaría de Minería de Catamarca resolvió dejar sin efecto la resolución que pedía que se declarara nula, lo que no es lo mismo. La diferencia entre dejar sin efecto y anular el trámite no es menor, dijo Katz, porque “dejaron sin efecto la resolución hasta tanto la empresa presente un nuevo informe de impacto ambiental, o sea, que para el estado provincial la actividad se tendría que seguir llevando adelante”. En agosto de 2016 la Corte de la Provincia de Catamarca dictó una resolución en la que le pidió al juez que dictara la medida cautelar que, según Katz, el magistrado debió ordenar en 2010 en lugar de reprimir, como lo hizo, porque durante años hubo fuertes represiones y causas judiciales abiertas contra los vecinos. La Corte pidió que la minera parara la actividad, pero como la autorización madre se dejó sin efecto, en lugar de anularse, la empresa continúa trabajando en la montaña. En setiembre de 2016 el Consejo Deliberante de Andalgalá prohibió la minería a cielo abierto en la cuenca alta del río Andalgalá. Pero, contradictoriamente, la provincia está esperando que Yamana Gold presente el Informe de Impacto Ambiental, señaló Katz.

Acciones recientes

En diciembre de 2016 los vecinos presentaron denuncias penales contra tres jerarcas de la empresa –contra el CEO, el gerente general y el responsable de la empresa en Argentina-, contra el secretario de Minería de Catamarca, Rodolfo Micone, y “contra cualquier otro funcionario que le quepa una responsabilidad penal por el incumplimiento del fallo, de la ordenanza y de la Ley de Glaciares”, enumeró Katz.

Hace un mes, el 15 de febrero, el movimiento reclamó en Buenos Aires, frente a la Embajada de Canadá, país de origen de Yamana Gold. Katz y otras dos integrantes de la asamblea fueron recibidas por el embajador, Robert Fry, y otros funcionarios. Le plantearon la responsabilidad extraterritorial de los países por lo que hagan sus empresas y le entregaron las resoluciones judiciales. Según Katz, el embajador les respondió que no existía el derecho humano al agua. Los funcionarios canadienses plantearon entonces que el problema era que el gobierno argentino no estaba haciendo respetar a la empresa las leyes. “Se le habló de la confrontación de poder entre estos grandes capitales y una provincia que necesita estos grandes capitales para sostener ciertas políticas públicas, porque la realidad es que la explotación minera a la provincia de Catamarca le genera recursos económicos, y en estos recursos económicos lamentablemente muchos de ellos se van a la corrupción y no se van a donde dicen los gobernantes que se van, que es a la educación, a la salud”, acusó la abogada. Finalmente, las representantes de la asamblea quedaron a la espera de la notificación escrita de todo lo que el embajador les expresó.

En estos últimos meses la asamblea consiguió un documento en el que la Secretaría de Minería de Catamarca da cuenta de que Andalgalá es una zona de glaciares y de ambiente periglacial, y que el agua que se genera en los glaciares se necesita para la actividad minera y no para los vecinos. Katz planteó que esa es la prueba que la asamblea necesitaba para mostrar que se está violando la Ley de Glaciares, porque es un documento del propio Estado.

Conflictividad nacional

A propósito de la Ley de Glaciares, que el gobierno de Mauricio Macri busca reformar, la abogada comentó que el conflicto está latente en las 14 provincias cordilleranas, y que viene desde el gobierno de Néstor Kirtchner, cuando se ofertó a empresas trasnacionales 500 pedimentos mineros en la cordillera de los Andes.
En la provincia de Catamarca la conflictividad es enorme, pero también la organización. El mes pasado diez asambleas y grupos autoconvocados de la provincia conformaron un espacio de confluencia y acción que denominaron Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación (PUCARA) integrado por grupos de Andalgalá, Belén, Santa María, Fiambalá, Tinogasta, Ancasti y San Fernando del Valle. Katz planteó que el slogan de la provincia es “Catamarca es minera” pero que eso “es a costa de despoblar todos estos pueblos, porque necesitan que no haya ciudadanos para poder llevar adelante estas explotaciones. En argentina hay una discusión muy grande sobre la pobreza, porque tenemos un índice de pobreza muy grande, y este tipo de actividades económicas lo único que genera es pobreza porque genera migraciones forzadas” y muchas de esas personas terminan yendo a engrosar los suburbios de las grandes ciudades.

En estos últimos meses la asamblea El Algarrobo logró averiguar que Catamarca tiene 2.165 pedimentos mineros: 3.858.609 hectáreas que equivalen a 38% del estado catamarqueño. El listado de los pedimentos mineros tiene cerca de 200 páginas, que serán entregadas a cada una de las otras asambleas de PUCARA. Pero respecto a las cuestiones legales, comentó que “lo que haga Andalgalá le va a servir de antecedente al resto, el tema es que no se puede hacer 2.000 y pico de amparos por cada pedimento minero, acá tiene que haber una política de Estado”, reclamó la abogada.