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24 de febrero de 2017 | Entrevistas | Observatorio transnacionales | Anti-neoliberalismo | Derechos humanos | Luchadores sociales en riesgo
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El martes el Parlamento de Francia aprobó una ley que obliga a las casas matrices de las empresas transnacionales y a sus subsidiarias a lo largo de toda la cadena de suministro a responder por sus violaciones a los derechos humanos y daños ambientales.
No obstante, legisladores derechistas ya presentaron un pedido al Consejo Constitucional para que declare la ley inconstitucional.
Francia se transformó en el primer país en adoptar una normativa legal que reconoce el “deber de vigilancia” de las casas matrices de las transnacionales, a fin de prevenir y remediar las violaciones a los derechos humanos y los daños ambientales que puedan provocar sus actividades, sus subsidiarias, contratistas y proveedores en cualquier parte del mundo.
Así lo explicó a Radio Mundo Real la responsable de Campañas de Amigos de la Tierra Francia, Juliette Renaud. Fue una lucha de años de organizaciones sociales y sindicatos franceses hasta la gran victoria del martes. No hubo mucho tiempo de celebración y descanso. Ahora hay que hacer frente a la intentona derechista que busca que el Consejo Constitucional voltee la nueva ley.
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