La resolución judicial responde a una demanda legal colectiva presentada por habitantes locales que viven cerca de la planta y organizaciones sociales surcoreanas, preocupados por posibles fallas de seguridad.

El reactor, el segundo más viejo en el país, se ubica en la ciudad de Gyeongju (provincia de Gyeongsang del Norte), a unos 400 kilómetros al sureste de Seúl. Fue clausurado en 2012 después de acabar sus 30 años de período de operación comercial. Sin embargo, el estatal Comité de Seguridad y Prevención de Riesgos Nucleares (NSSC, según sus siglas en inglés) prorrogó su actividad por otros 10 años, hasta noviembre de 2022, y en junio de 2015 la planta de Wolsong-1 reinició su operativa.

El Tribunal Administrativo de Seúl evaluó que el Comité de Seguridad no respetó los pasos legales y falló ayer a favor del grupo de residentes locales que pidieron la anulación de la resolución que extendió el trabajo de la central nuclear.

Más de 2 000 residentes de zonas cercanas a la planta nuclear participaron en la demanda colectiva, aunque el Tribunal reconoció como aptos para la iniciativa legal sólo a quienes viven dentro de un radio de 80 kilómetros desde las instalaciones de la central. La Federación Coreana de Movimientos Ambientales – Amigos de la Tierra Corea del Sur y otras organizaciones de la sociedad civil participaron de la acción legal contra el Comité de Seguridad.

Según la agencia de noticias surcoreana Yonhap, el Comité anunció que apelará la sentencia porque considera que realizó un proceso de decisión apropiado. En tanto, un funcionario de la estatal Corporación de Energía Nuclear e Hidráulica de Corea del Sur evaluó que la producción de electricidad de Wolsong-1 ha sido baja, por lo que su cierre tendrá un impacto insignificante en el suministro eléctrico, siempre según Yonhap.

Corea del Sur posee en la actualidad 23 reactores nucleares que brindan el 30 por ciento de la electricidad que necesita el país.