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15 de diciembre de 2016 | | | |

Con el pie en el acelerador

Gobierno ilegítimo en Brasil aprueba recortes en inversiones públicas para los próximos 20 años, bajo fuerte rechazo

Sobre el cierre de uno de los años más conturbados en la historia reciente de Brasil, el gobierno ilegítimo de Michel Temer se apresura a aprobar medidas que no sólo significan el progresivo desarme del Estado brasileño, sino la amenaza de eliminación a corto y largo plazo de la garantía de derechos básicos para la mayoría de la población.

Este martes 13 de diciembre, el senado brasileño aprobó la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 55, que determina recortes del Estado en las áreas de salud, educación y seguridad social para los próximos 20 años, bajo la idea de “racionalizar” las cuentas del Estado, un argumento fuertemente contestado por movimientos sociales, oposición y analistas económicos. Para éstos, no existe un déficit fiscal tal que justifique semejante medida, y en todo caso, argumentan que el Estado podría recuperar importantes recursos, cobrando los adeudos de corporaciones o personas físicas con renta alta por diferentes conceptos, algo que se estima, asciende a un monto de más de 470 mil millones de dólares.

Los movimientos sociales que venían llevando a cabo manifestaciones de oposición a esta propuesta, se movilizaron en varias de las principales ciudades brasileñas el mismo día de la aprobación. En la capital Brasilia, hubo al menos 70 detenidos y decenas de heridos debido a la represión policial a la manifestación pacífica en rechazo a la “PEC 55”. En total, una veintena de actos en todo el país expresó el repudio a la medida y en general al gobierno de Temer.

Según el dirigente del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST) de Brasil, Joaquín Piñero, “esta maniobra parlamentar es parte de un conjunto de medidas que comenzó con el golpe en contra de la presidenta Dilma, y que pretende avanzar hasta la completa re implementación del neoliberalismo en Brasil”.

La Marcha Mundial de las Mujeres, que integra la Frente Brasil Popular, al igual que el MST, también ha manifestado su repudio a la medida. La militante Tica Moreno considera que esta es una medida más de este gobierno que expresa “el conflicto entre el capital y la vida: ellos quieren desmantelar el Estado, quitarle su sentido público y garantizador de derechos, quieren hacer más precaria la salud y la educación, y eso, entre muchos otros problemas, sabemos que genera más trabajo no remunerado para las mujeres”.

Lucro de pocos vs derechos de muchos

Además de la problemática enmienda ya aprobada, se encuentran en trámite en el parlamento reformas de la enseñanza secundaria y del sistema de seguridad social, que favorecerían, según movimientos estudiantiles, sindicatos y oposición, compañías privadas del sector educativo y previsional.

Marta Vanelli, de la Confederación Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), denuncia que la reforma de secundaria “no garantiza que la enseñanza secundaria sea pública y gratuita de la manera en que es hoy”, ya que permite la introducción de asociaciones público-privadas en la enseñanza.

Con respecto a la reforma de la seguridad social, Vagner Freitas, dirigente de la Central Única de Trabajadores (CUT), afirmó que se pretende “empujar a la clase trabajadora a las manos del sistema financiero, obligando a la población a hacerse seguros privados, y sacándole la obligación al Estado y a la sociedad de tener un principio solidario de jubilación, como lo prevé la constitución brasileña”.

Para Tica Moreno, esta es la “nueva economía política del golpe”, que está articulada con el “nuevo impulso del neoliberalismo en Latinoamérica”, según explica.“Mientras los golpistas aprueban esta propuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores defiende que Brasil avance en las negociaciones, y firme tratados de libre comercio como el TISA”, afirma.

Contra el tiempo

Entre las demandas más urgentes de los movimientos se encuentra la exigencia de elecciones directas para presidente. La medida se exige junto al impeachment de Temer, por haber intercedido en favor de intereses particulares desde su función pública.

Pero finalizado este año, si Temer llega a ser destituido, según la constitución brasileña, el próximo mandatario debe ser elegido por el parlamento, que cuenta con un Senado plagado políticos denunciados en casos de corrupción.

Ante la difícil coyuntura, los movimientos sociales reafirman su compromiso en la lucha por la democracia y contra el neoliberalismo. La Frente Brasil Popular, reunida en su última asamblea los días 7 y 8 de diciembre, generó, además de una serie de propuestas ante la grave crisis política, una agenda de movilizaciones para el año próximo.

Informe de Mauro Ramos, desde São Paulo, Brasil.

Imagen: Lula Marques - Agência PT

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