Del 31 de octubre al 2 de noviembre, el MAB llevó a cabo una marcha que siguió el recorrido inverso del rio Doce, considerado “muerto” luego del rompimiento el 5 de noviembre de 2015, del dique de contención de desechos tóxicos. Desde su desembocadura en la ciudad de Regencia, en el estado de Espírito Santo, hasta el origen del desastre, en Mariana, estado de Minas Gerais, el movimiento fue realizando actos, asambleas, audiencias públicas y talleres por las localidades afectadas por las que fue pasando.

“Hemos constatado los problemas muy serios que están enfrentando las comunidades indígenas”, comienza contando el dirigente del MAB, Joceli Andrioli sobre los impactos que generó el crimen. “El barro llegó al océano, y actualmente hay 6 mil indígenas que quedaron sin acceso al mar. No pueden pescar, y se rompieron los lazos culturales que mantenían” con el río y el mar, cuenta Andrioli.

Según el dirigente, se contabilizan más de 7 mil pescadores que tuvieron su actividad suspendida por el crimen ambiental: “Llevará más de 20 años, según especialistas, para que vuelva a ser viable la pesca en la región”.

Además de destruir directamente cultivos, la agricultura de la región se encuentra comprometida, debido a que es muy dependiente del río, ahora totalmente contaminado.

El agua para consumo humano, también constituye uno de los graves problemas hoy en día para los pobladores: “El Ministerio Público Federal ha publicado un informe en el que asegura que el agua está contaminada. Están alterados los índices de aluminio en el agua, lo que va a traer problemas en la salud de la población muy serios, como el mal de Parkinson y el de Alzheimer”.

Negligencia

“Es importante denunciar que este crimen está siendo tratado con mucha negligencia por parte del Estado brasileño, y de los gobiernos locales”, afirma el dirigente al ser consultado sobre el estado de la justicia con respecto al caso.

El gobierno brasileño junto a los gobiernos locales de Minas Gerais y Espírito Santo firmaron un acuerdo con Samarco, BHP Billiton y Vale, criticado por los y las afectadas, debido a que fueron excluidos de su negociación: “El criminal adquirió el derecho con en este acuerdo, de definir quiénes son y quiénes no son afectados, cómo se los va a resarcir, y cuáles son los programas de reparación e indemninización”, critica Andrioli.

Como una segunda crítica a cómo se ha conducido este proceso, el dirigente critica el intento de “ponerle precio” al crimen: “se habla de 20 mil millones de reales, que es un valor que no es suficiente para reparar a la gente, y mucho menos para los desastres ambientales generados”.

“Estamos luchando para revertir esta situación, para tener la participación directa de los afectados en los planos de reparación, en la definición de criterios y formas de reparación, para que no tengamos una vez más un gran proceso de violación de derechos humanos, como suele ocurrir con estas grandes empresas”, explicó Andrioli.

Escuche la charla completa con Joceli Andrioli en el archivo adjunto