Quien realiza este estudio es la JCAP, grupo de asistencia legal anexo a la Facultad de Derecho Osgoode Hall de la Universidad de York, en Toronto. Empleando datos de acontecimientos ocurridos en trece países latinoamericanos entre 2000 y 2015, relacionan los proyectos mineros canadienses a decenas de asesinatos, golpizas y represiones violentas contra quienes se oponen a ellos. Los autores subrayan que estos incidentes tan sólo son una muestra de la violencia que se perpetra en las minas de propiedad canadiense alrededor del mundo. "Este informe es sólo la punta del iceberg”, reconoce Shin Imai, el profesor de la Facultad de Derecho Osgoode Hall que dirige el JCAP. “Debido a las numerosísimas fuentes que es necesario consultar para documentar estos incidentes, no nos ha resultado posible incluir todos los casos de amenazas de muerte, de quema deliberada de cosechas y destrucción de propiedades, de desplazamientos forzosos de pueblos indígenas, de denuncias por intentos de asesinato, así como de enfermedades provocadas por la contaminación ambiental y del trauma sicológico causado por toda esta violencia”, señala Imai.

Las empresas canadienses dominan el sector de la minería en América Latina, siendo de esa nacionalidad el 41% de las grandes compañías presentes en la región. A su vez, Canadá se destaca por ser el país donde es más posible encontrar apoyo financiero para proyectos mineros y es el que posee mayor cantidad de grandes compañías mineras domiciliadas en su territorio.

El informe del JCAP expone que las actuales leyes y políticas canadienses resultan inefectivas para determinar si puede exigirse responsabilidad a las compañías mineras de este país por los incidentes que se recogen en el informe.

Mencionan para el período 2000-2015 en América Latina los siguientes incidentes:

 Se produjeron al menos 30 asesinatos selectivos relacionados con los conflictos mineros.

 Al menos 44 personas resultaron muertas, y 403 heridas (sin contar las víctimas por accidentes de trabajo).

 Más de 700 personas fueron arrestadas o detenidas en relación con hechos ocurridos en torno a las minas canadienses.

 Las corporaciones involucradas en estos incidentes solo reportaron 24,2% de las muertes y 12,3% de las lesiones relacionadas con su funcionamiento.

Según demuestra la investigación las víctimas son agricultores, líderes de los gobiernos locales o comunidades, líderes indígenas o activistas que resisten estos proyectos mineros y también sus familiares o allegados, así como periodistas, abogados, policías y personal militar, mineros y personal de seguridad de las mineras o sus subcontratistas. Los agresores son empresas de todos los tamaños, desde una gran empresa como es Barrick Gold, que cotiza en bolsa con una capitalización de mercado de más de $ 18 mil millones, a una pequeña empresa privada con una sola mina, como Blackfire Resources. Parte de esta violencia se ejerce contra individuos que parecen haber sido escogidos adrede, y otra parte se produce durante protestas o manifestaciones.

El informe relata que cuatro órganos de la ONU han pedido a Canadá que exija responsabilidad a las corporaciones canadienses por sus operaciones en el exterior, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha celebrado tres audiencias sobre el particular. Además, en junio de 2016 180 organizaciones latinoamericanas enviaron al Primer Ministro Justin Trudeau una carta en la que solicitan que se cumpla la promesa de la creación de un mecanismo de responsabilidad corporativa.

Pero, según JCAP, las actuales políticas del gobierno canadiense no resuelven el problema.

En su informe señalan que el gobierno promueve la “Marca Canadiense” mediante normas voluntarias, no forzosas, de Responsabilidad Social Corporativa. No obstante, las dos principales dependencias gubernamentales encargadas de atender el tema –la Oficina del Consejero sobre Responsabilidad Corporativa en el Sector Extractivo (CSR Counsellor) y el Punto Nacional de Contacto (NCP), no realizan investigaciones ni tampoco tienen la facultad de imponer directamente sanciones a las compañías o de compensar a las víctimas. Su único poder consiste en recomendar la retirada del apoyo de las embajadas canadienses a las compañías. Los autores señalan que no hay indicaciones de que se esté realizando actualmente una revisión del comportamiento corporativo, ni existe información disponible sobre si el Consejero sobre RSC ha respondido a las denuncias de violencia o si está considerando la retirada del apoyo diplomático.

El informe completo está disponible en inglés en:
https://justiceprojectdotorg1.files.wordpress.com/2016/10/the-canada-brand-report5.pdf