Maicon González, 27 años, vive junto a su familia en Estación Solís, departamento de Lavalleja, al centro-este de Uruguay. Este joven productor rural hace horticultura que él mismo comercializa en las vecinas ciudades de Tala, Canelones, la capital departamental, Minas o los balnearios del Río de la Plata como Piriápolis. Acaba de terminar su casa, producto de gran sacrificio y trabajo duro.

Los días 25 y 29 de setiembre de 2016 Maicon y su familia sufren una aplicación combinada de Glifosato y 2,4 D, potentes herbicidas que preanuncian la siembra de soja. La misma ocurre en un predio lindero, aunque la falta de precaución y los vientos que dominan ese lugar hacen que sus árboles de abrigo, fuentes de agua y los propios integrantes de la familia resulten afectados.

Maicon y sus vecinos cruzan información, se informan y recurren a la Sociedad de Fomento Rural de Tala, cuyo directivo Edinson Aldao y una de las técnicas que allí trabajan, Pilar Cabrera, viabilizan la denuncia.

El modelo del agronegocio sojero implica el uso intensivo de agrotóxicos en concentraciones, dosis y tecnologías de aplicación que previo a cada siembra aumenta los casos de población rural afectada en su salud y sus medios de vida.
El testimonio de Maicon es uno entre varios vecinos y vecinas afectados en Estación Solís, Lavalleja.

La reglamentación vigente en Uruguay establece distancias de retiro para la aplicación de agroquímicos respecto a centros educativos y poblaciones superiores a los mil habitantes, aunque no menciona explícitamente viviendas rurales aisladas o caseríos. No obstante los gobiernos departamentales cuentan con autonomía legal para establecer medidas de exclusión o cautelares como ha sido el caso del departamento de Montevideo o Canelones.

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