Integrada por redes y grupos de presión de todo el mundo, la Alianza por el Tratado trabaja con el objetivo de establecer un conjunto de obligaciones vinculantes y mecanismos de aplicación efectiva para la promoción y protección de los derechos humanos. La Alianza pretende establecer un marco legal internacional complementario de los instrumentos ya existentes que permita la responsabilización jurídica, ampliando el acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad corporativa.

Para fortalecer la cooperación internacional y afrontar los desafíos regulatorios globales, la Alianza por el Tratado invita a cada gobierno y a la sociedad civil en todos los países a involucrarse activamente, apoyando con un mayor esfuerzo al Grupo Intergubernamental de Trabajo.

La Alianza observa que la creciente movilización de organizaciones de la sociedad civil -incluyendo movimientos sociales, grupos indígenas, comunidades locales, trabajadores y trabajadoras y sus sindicatos- en apoyo al proceso hacia el tratado internacional, reflejan los reclamos generalizadas por una regulación justa y robusta de las Corporaciones Transnacionales y Otras Empresas de Negocios (CTNs-OENs). Mediante una declaración emitida en setiembre, la Alianza recuerda a los representantes que la gente está urgiendo a los Estados a cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos frente a las CTNs-OENs. Evalúa que “la abstención de la participación en las negociaciones internacionales ignora dichas obligaciones y compromisos y carece de cualquier justificación”.

En su declaración la Alianza por el Tratado valora el hecho de que un buen número de Estados y organizaciones de la sociedad civil estén participando en la negociación del proceso, pero advierte que aún es necesaria la contribución de muchos otros para lograr un proceso exitoso. La Alianza sugiere que “las comunidades afectadas, los defensores y defensoras de derechos humanos y otras organizaciones de la sociedad civil deberían contar con espacios que les permitan expresarse y contribuir a este proceso colectivo”. También resalta la crucial importancia de la participación de los Estados y urge a los que aún no se han decidido a participar en la segunda sesión a que lo hagan. Considera que “la participación activa y constante de los delegados de Estado será una señal de su verdadero compromiso para dar un lugar prioritario al planeta y a los derechos humanos, por encima del lucro corporativo”.

En la declaración emitida en setiembre la Alianza por el Tratado condena las amenazas y ataques crecientes a defensores y defensoras de derechos humanos que trabajan por hacer responsables a las empresas. Exige la investigación y penalización de los perpetradores y aspira a que el instrumento legal en construcción sobre ETNs-OENs amplíe un régimen de protección de los defensores de derechos humanos y sus informantes.

Además, la Alianza rechaza las acciones e intentos de algunas corporaciones para influenciar indebidamente en el proceso y la posición de los Estados y otros actores para capturar los términos del debate. Igualmente llaman a los Estados a asegurar que el instrumento vinculante incorpore protecciones contra la influencia indebida de las corporaciones en los debates regulatorios y de políticas en los que ellas tienen conflictos de intereses. Proponen seguir el modelo contenido en la Convención Marco sobre Control del Tabaco, que prohíbe a las compañías tabaqueras influenciar los debates de salud pública. Finalmente, recuerdan que el proceso hacia un instrumento vinculante debe ser transparente, participativo y centrado en las personas.

Para más información, visitar:
www.treatymovement.com,
www.stopcorporateimpunity.org,
www.foei.org