18 de agosto de 2016 | Entrevistas | Bosques y biodiversidad | Derechos humanos | Soberanía Alimentaria
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El jerarca de esa dirección, Leonardo Herou, defendió el lunes que para que la gente siga viviendo o trabajando en zonas rurales hay que generarle condiciones de vida, de salud y ambientales adecuadas.
En entrevista con Radio Cristal de Canelones, Herou sostuvo que para llegar a aprobar multas contra productores que violaron normativas ambientales y de salud fue necesaria la coordinación de diversos organismos nacionales y locales, así como la participación de los vecinos.
En Uruguay ha sido frecuente que el daño al medio ambiente sea tolerado por el Estado. El país se ha caracterizado por la falta de controles en el cumplimiento de la normativa ambiental. En ese contexto, es una buena noticia que la Junta de Canelones autorizara el viernes sanciones económicas a tres productores rurales locales por incumplir la normativa en asuntos relativos a la salud y a la protección del medio ambiente.
A uno de los sancionados se le aplican multas por 1 058 000 dólares, un valor sin precedentes. Se trata del médico y productor rural de Paso Picón, Máximo Castilla. Según informó el periódico La Diaria las sanciones se le aplican por concepto de fumigación y reiteración de fumigación "en el área de exclusión de actividades que generan perjuicio a la salud de los pobladores o al ambiente de 300 metros en torno al perímetro rural con asentamientos humanos".
En mayo de 2015 los vecinos del predio de Castilla afectados por las reiteradas fumigaciones habían logrado que se recategorizara la zona donde se ubica Paso Picón como “perímetro rural con asentamiento urbano”, con el objetivo de estar amparados por la protección de esa distancia mínima permitida de 300 metros para fumigar. Pero desde entonces el productor continuó rociando agrotóxicos sobre las casas de sus vecinos. No respetó los nuevos límites.
Según informó el periódico La República, la Junta de Canelones (Legislativo departamental) votó también el viernes multas para otros dos productores del departamento. Uno de ellos, del paraje Las Brujas, fue sancionado por alteración física de un territorio a través de la realización de un canalón, que le permite llevar directamente su embarcación al río Santa Lucía. La multa fue de poco más de 600 000 dólares. El tercer caso corresponde a otro productor de la cuenca de la Laguna del Cisne por otra modificación predial, debido a que secó un terreno para poder disponer de un área mayor para cultivo. También se le aplicó una multa apenas superior a 600 000 dólares.
En el audio cedido a Radio Mundo Real por Radio Cristal de Canelones, escuchamos a Herou y su descripción del proceso, y los criterios adoptados, que permitieron que se apliquen estas sanciones por montos disuasorios a productores rurales.
Imagen: www.infobae.com/
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