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15 de agosto de 2016 | | | |

Comunidades fumigadas

Se aprueba multa millonaria por agrotóxicos en Paso Picón

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Próximo a la capital uruguaya, por la ruta 62 y a cuatro kilómetros de la ciudad de Canelones está la localidad de Paso Picón. Desde hace tres años este poblado rural ha aparecido en las noticias a raíz del conflicto entre la comunidad y un médico y productor agrícola, quien está enfermando a los vecinos del predio donde fumiga sus cultivos con agrotóxicos.

Máximo Castilla ha incumplido reiteradas veces la normativa referente a la aplicación de esos venenos. La ley vigente prohíbe las aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado. Como Paso Picón se encuentra en una zona rural, no existía una distancia mínima permitida para fumigar, sino que lo que importaba era que no hubiese viento superior a 10 kilómetros por hora. Se consideraba esa velocidad del viento el umbral por sobre el cual se produce la deriva de los agrotóxicos. El Dr. Castilla ya había sido sancionado antes por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y por la Intendencia de Canelones por fumigar con viento e incumplir la ley. En mayo de 2015 los afectados consiguieron que la zona de Paso Picón fuese redefinida como “perímetro rural con asentamiento urbano”, lo que les dio la protección de 300 metros de distancia mínima permitida para fumigar. De todos modos, el productor rural continuó incumpliendo la normativa.

Por eso el viernes la Junta de Canelones (Legislativo del departamento) autorizó que se le apliquen tres multas por un monto total de 1 058 000 dólares. Según informó La Diaria las sanciones para este productor son por concepto de fumigación y reiteración de fumigación "en el área de exclusión de actividades que generan perjuicio a la salud de los pobladores o al ambiente de 300 metros en torno al perímetro rural con asentamientos humanos". Aunque la sanción económica no garantiza que el productor deje de fumigar su predio en detrimento de la salud de los vecinos, constituye una medida disuasoria sin precedentes.

Queda pendiente de resolución otra forma de violencia ejercida por este médico hacia algunos de los vecinos de Paso Picón. Días antes de la votación de las multas en la Junta de Canelones Castilla había vuelto a ser noticia por agredir y amenazar de muerte a la maestra Adriana Pascual. Ella vive con su hija frente a donde Castilla cultiva soja en verano y trigo en invierno. Adriana lo ha denunciado cada vez que las expone a agrotóxicos. También presentó su caso ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y logró probar que ella y la niña son víctimas de envenenamiento por agrotóxicos. En diciembre de 2013 Pascual permaneció dos días internada por un cuadro de “faringitis-esofagitis por exposición a agrotóxicos”, según cuenta un informe que elaboró la titular de Salud Ambiental y Ocupacional del Ministerio de Salud Pública, Carmen Ciganda, a pedido de la Institución de Derechos Humanos y al que tuvo acceso La Diaria. Su hija fue tratada por “atopía-asma, probable exposición a sustancias químicas de uso agrícola” en la Unidad Pediátrica Ambiental del Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico del Hospital de Clínicas.

Pero no son las únicas sobre quienes se probaron los efectos de la exposición a agrotóxicos. En el informe de Salud Pública Ciganda describe que las inspecciones realizadas permitieron constatar que “existe una exposición reiterada a plaguicidas por parte de la población residente de la zona y que la misma ha afectado la salud de los pobladores”. El informe narra que “la sintomatología reportada por los vecinos afectados (cefalea, ardor ocular, dolor y ardor orofaríngeo, ardor nasal, dificultad respiratoria, broncoespasmo, irritación cutánea y diarrea) se corresponde con el cuadro clínico descrito en intoxicaciones agudas y reiteradas de plaguicidas”.

La semana pasada Radio Mundo Real habló con Adriana Pascual luego de haber sido agredida y amenazada de muerte por Máximo Castilla. Ella contó que a partir de las mutuas denuncias ante la Seccional 1ª de Canelones luego del incidente, el juez que lleva la causa mandó pedir todas las denuncias que se vienen realizando desde febrero de 2014. "Desde que Castilla se bajó con un arma apuntando a mi casa, hasta que pasó y me hace ’dedito’ como salió publicado en la tapa de Brecha, a pasar a insultarme y agredirme y a amenazarme de muerte, ante un tribunal de médicos decir que me va a matar, que me va a pasar por arriba con la camioneta, que me va a dar un palo y que me va a tirar para una zanja, o que va a agarrar un revólver y me va a pegar un tiro, todo eso, a decirle a un vecino que hasta que no haya un muerto no va a parar y que él a la loca de Adriana la va a matar. Y reunirnos prácticamente 30 vecinos con el jefe de policía y dejar por escrito todo ese miedo que los vecinos tenían de amenazas que recibieron ellos y amenazas que recibieron de Castilla para mí. El jefe de policía se reunió con el comisario y con el juez. Que es el mismo juez Sobot de ahora, y el juez dijo que no se iba a meter porque era un conventillo entre vecinos. Ese mismo juez tiene la denuncia penal de la Intendencia de Canelones contra Castilla, la denuncia penal del Ministerio de Salud Pública contra Castilla, donde está probado el envenenamiento", se lamentó Adriana Pascual.

Sobre la situación que le genera el conflicto constante con su vecino, la maestra dijo a Radio Mundo Real: "Yo vivo en medio del campo. Hoy estaba hablando por teléfono con la Institución de Derechos Humanos y Castilla pasó otra vez, cuando tiene orden del juez que no puede venir hasta mi casa y pasó igual. Igual me siento afuera y ahora en cualquier rato pasa de nuevo. Pero es que tampoco puedo vivir con miedo y me niego a vivir con miedo en mi casa".

Imagen: radiopedal.com.uy/

(CC) 2016 Radio Mundo Real

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