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29 de julio | |

Al servicio de la megaminería

El rol del Estado canadiense en las violaciones de derechos humanos e impactos en el medio ambiente en América Latina

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Las empresas mineras canadienses controlan más de un 70% de las operaciones mineras en América Latina, según datos del Consejo de Asuntos Hemisféricos (COHA, por sus siglas en inglés). Las violaciones de derechos humanos y los impactos sobre el medio ambiente que vienen generando desde hace décadas son seguramente de las principales y de las más intensas entre los megaproyectos transnacionales que se instalan en el continente.

“El Estado de Canadá ha consolidado toda una política de financiamiento, promoción y protección de los intereses de las empresas mineras canadienses para facilitar sus operaciones hacia fuera del país”, afirmó Jennifer Moore, Coordinadora para América Latina de Alerta Minera Canadá, en entrevista con Mónica Montalvo, durante el Encuentro mexicano de resistencias contra el modelo extractivo. Nuestros territorios Libres de Minería y otros megaproyectos, que se realiza del 28 al 30 de julio en el estado mexicano de Morelos.

Alerta Minera Canadá es una entidad dedicada al análisis y monitoreo de las actividades de las transnacionales mineras canadienses en todo el mundo. En la entrevista Moore se dedicó a compartir el análisis sobre el rol del Estado canadiense en esa industria extractiva.

Moore afirmó que “Canadá atrae y genera mucho capital minero al establecer reglas laxas en las bolsas de valores, generando una presencia fuerte de capital especulativo en la exploración minera de metales preciosos”. Además señaló también que la creación por parte del estado de una serie de incentivos fiscales a ese tipo de actividad minera “vuelven muy atractivo a Canadá para establecer empresas mineras allí”.

Acciones a diferentes niveles

El Estado canadiense, según afirmó la activista, intercede tanto a nivel de política internacional, como a nivel de proyectos concretos para defender intereses corporativos. Como ejemplo de lo último, habló del papel que cumple el gobierno en conflictos presionando a los gobiernos locales para favorecer a las empresas canadienses, en casos en las que éstas violan derechos humanos: “hemos visto esto tanto en el caso de Blackfire en Chiapas, como en el caso de Excellon en Durango, ejemplos de cómo la embajada puede ejercer ese papel y reiterar las mismas amenazas de la empresa, pero hacía sus contrapartes en el gobierno para generar este tipo de cabildeo, sabiendo concretamente cuales son las violaciones por las cuales esas empresas han sido denunciadas ”

Más específicamente citó el ejemplo del asesinato del militante Mariano Abarca, integrante de la Red Mexicana de Afectados/as por la Minería (REMA), en 2009: “Cuando desaparecieron a Mariano, la embajada (de Canadá) recibió 1400 cartas con gran preocupación por su vida, y analizando documentos del departamento de Relaciones Exteriores, no encontramos ninguna evidencia de que intentaron proteger la vida de Mariano; más bien estaban haciendo todo dirigido a mantener las condiciones para garantizar la continuidad del negocio de Blackfire”.

A nivel de manejo político del Estado canadiense en favor de la industria minera, Moore habló del caso hondureño. En 2007 el presidente hondureño Manuel Zelaya emitió un decreto por el cual suspendió la extensión de permisos de explotación minera, metálica y no metálica, cuando estaban a punto de aprobarse automáticamente unas 188 solicitudes de explotación minera que no contaban con estudios de impacto ambiental, según informó el medio hondureño La Prensa en ese momento.

Sobre este caso la activista afirmó que se trata de “un ejemplo escandaloso”: “Aprovechando las condiciones después del golpe de Estado de 2009, y después de elecciones fraudulentas ese mismo año, la embajada canadiense trabajó para hacer cabildeo para que se aprobara un nuevo código minero en el país que levantara la moratoria minera”.

Como otras de las líneas de acción del estado canadiense, la activista denunció cómo éste “refuerza las estructuras de impunidad para que las comunidades no tengan a dónde recurrir frente a los grandes daños que generan las empresas”, y al mismo tiempo promueve y respalda fuertemente los tratados de libre comercio y acuerdos de protección de inversiones que brindan recursos a las empresas para demandar a los Estados del sur “cuando ellas consideran que el gobierno ha tomado una decisión que a ellas no les parece”.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto

Imagen: Majloc

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