Recientemente la Corte Suprema de Justicia de Guatemala suspendió en forma definitiva el permiso a las empresas mineras involucradas en el proyecto y que mereció la resistencia de las Comunidades San José del Golfo y San Pedro Ayampuc desde 2010, brindando una victoria significativa a estas comunidades que veían afectada su tierra de laboreo, así como sus fuentes de agua por la explotación minera trasnacional.

Uno de los argumentos legales más fuertes para esta victoria comunitaria fue la falta de consulta por parte de las empresas y organismos estatales guatemaltecos previo a la concesión.

Asimismo, Antonio Reyes dice en entrevista con Radio Mundo Real que el estudio de impacto ambiental presentado por la empresa Exmingua (subsidiaria de la norteamericana Kappes Kassiday&Associates, KCA) estuvo visiado y resultó insuficiente de acuerdo con la normatva legal del país.

En 2012, una Misión Internacional organizada por Amigos de la Tierra Internacional visitó el punto de resistencia que mantuvo bloqueado el acceso a la explotación “El Tambor”-Progreso VII y fue amenazada conjuntamente con integrantes de la resistencia por presuntamente trabajadores de la mina, liderados por un funcionario de la misma con pasado en fuerzas de seguridad guatemaltecas.

Se trata de uno de los quince proyectos mineros en proceso de instalación en el área metropolitana de la ciudad capital guatemalteca, alcanzando unos 20 kilómetros cuadrados que afectaría el acceso al agua de unas 40 mil familias de ambos municipios.

Es por ello un caso emblemático incluso en Guatemala, donde son decenas las comunidades involucradas en resistencias a proyectos minero-energéticos, tanto de hidrocarburos, metalíferos o de hidroeléctricas.

En 2014 Radio Mundo Real entrevistaba al mismo Antonio “Tono” Reyes, realizando una cronología de la resistencia que en esa oportunidad cumplía dos años de bloqueo. Una vez conocida la decisión, volvimos a consulatrlo y se mostró satisfecho aunque remarcó que la empresa, junto con el Estado de Guatemala a través de su Ministerio de Minas y Energía, han apelado la decisión del tribunal supremo ante la Corte de Constitucionalidad.

“Hablar del estado de Guatemala y de las empresas mineras es hablar de lo mismo” dice Tono, “los ministerios han sido creados para cuidar los intereses de las empresas trasnacionales, no hay una política de estado que resguarde los derechos comunitarios”, señala en la entrevista que puede escucharse integra en audio adjunto.

A su juicio los derechos están del lado de las comunidades, aunque debido al accionar del estado y pese a la decisión favorable, no se despeja la alerta ni la incertidumbre.