Domingo Baltazar, Rigoberto Juárez, Bernardo Ermitaño López, Arturo Pablo, Mynor López, Francisco Juan y Adalberto Villatoro, quedaron absueltos de los cargos que les imputaban por un fallo del Tribunal de Mayor Riesgo A de Guatemala.

La jueza Jazmín Barrios, encargada de esa instancia jurídica, decretó la libertad inmediata de los líderes comunitarios debido a la imposibilidad de demostrar los delitos por los cuales fueron acusados: instigación a delinquir, coacción, atentado, obstaculización de la acción penal y secuestro.

"Esta histórica resolución del Tribunal, objetiviza la criminalización de los pueblos originarios en Guatemala", expresó la Asociación de Abogados y Notarios Mayas, cuyos miembros ejercieron como defensores de los considerados héroes de la resistencia popular en ese país.

Observadores del juicio, iniciado el 6 de julio, concordaron en que este proceso mostró la intención del Ministerio Público de criminalizar a las autoridades ancestrales del Norte de Huehuetenango y develó el desconocimiento por parte de las instituciones del Estado de las formas comunitarias de organización, así como de convenios y tratados internacionales que garantizan el respeto a éstas y de los cuales Guatemala es parte.

Los diputados de Winaq y de la Bancada de la Dignidad Convergencia también manifestaron su satisfacción por la liberación de estos hombres y expresaron su solidaridad con familiares, amistades y organizaciones afines.

Esta última repudió "la criminalización de defensoras y defensores de territorios, el agua y la vida, de gente que lucha por el bien de todas y de todos, el bien común, el buen vivir y contra este sistema de muerte y destrucción".

"Urge replantearnos qué modelo económico y de desarrollo queremos, urge consulta a los pueblos, urge detener el deterioro del medio ambiente, urge el desarrollo social, urge fiscalizar a los megaproyectos y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias", destacó.

Desde su apresamiento los siete líderes de Huehuetenango fueron encerrados en el Centro Preventivo de la Zona 18 de la capital, con delincuentes comunes, pese a la insistencia de defensores de los derechos humanos y miembros de distintas organizaciones sociales de poner fin a lo que consideraban una injusticia.

La persecución contra ellos respondió a su protagonismo en las protestas contra Hidro Santa Cruz, subsidiaria de la transnacional española Hidralia Energía, y su proyecto de instalar una hidroeléctrica en las cataratas del río Cambalam en detrimento de sus territorios.

Fuente: Prensa Latina