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21 de julio de 2016 | Entrevistas | No al golpe de estado en Paraguay | Derechos humanos
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El abogado Luis Lezcano Claude, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, actualmente integrante de la defensa técnica de los campesinos condenados por el caso Curuguaty, expresó que el interés tanto de la Fiscalía como del Tribunal de Sentencia fue preservar la propiedad privada como un derecho absoluto inviolable cuando jurídicamente no tiene ese carácter.
Lezcano brindó estas referencias en diálogo con el Centro de Producción Radiofónica “Ñane Ñe’ê-Beto Centurión” parte del proyecto Demoinfo.org. La relatividad de ese derecho está dada por la posibilidad de realizar una reforma agraria, de esa forma posibilitando el acceso de la tierra a todos los habitantes, dijo Lezcano Claude agregando que la sentencia del caso Curuguaty alarga la pena privativa de libertad buscando que para los campesinos su futuro sea unos largos años de cárcel.
Mencionó también que el Ministerio Público y el Tribunal de Sentencia con esta actitud son agentes de latifundistas. Dictan sentencias absolutamente infundadas al solo efecto de castigar a inocentes sin que realmente se compruebe la culpabilidad de los procesados.
Lezcano Claude dijo que se encuentra en preparación judicial la apelación de la sentencia contra los once campesinos condenados, dadas las diversas irregularidades registradas en el proceso. Una vez completadas las instancias nacionales, se apelará a estrados internacionales de justicia.
"Este caso no es solamente el de unos pocos campesinos (...) por detrás hay toda una lucha del campesinado por acceder a una parcela de tierra para mejorar sus condiciones de vida y también la defensa de los intereses de un sector de latifundistas. Indudablemente se trata de un problema entre el campesinado pobre que no accede a la tierra y el sector latifundista que acapara la mayor parte del territorio paraguayo", explicó el abogado paraguayo en la entrevista.
Para satisfacer la necesidad de reforma agraria se requiere la utilización de tierras públicas y para ello debe existir la voluntad del Poder Ejecutivo, explicó Lezcano Claude señalando que el gobierno paraguayo operó claramente en detrimento de los campesinos y salvaguardando los derechos de los propietarios.
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