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7 de julio de 2016 | Entrevistas | Criminalización del COPINH | Honduras libre | Derechos humanos
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A 4 meses del asesinato de la dirigenta Berta Cáceres, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) debe lamentar nuevamente otro feminicidio político. En el día de ayer fue asesinada la dirigenta Lesbia Yaneth Urquía, reconocida militante comunitaria en la defensa de los bienes comunes y contra el proyecto hidroeléctrico Aurora I en el municipio de San José, departamento de La Paz.
“Este asesinato responde al paquete de privatización y concesión que hay actualmente en Honduras, en donde el 35% del territorio está concesionado para proyectos hidroeléctricos y mineros; por lo tanto cuando encuentran que hay personas que tienen una postura diferente y que defienden el territorio, buscan de alguna manera meterlas presas o como en el caso de Lesbia Yaneth Urquía, asesinarlas” afirmó al comenzar la entrevista con Radio Mundo Real, el dirigente del COPINH, Tomás Goméz.
Las represas hidroeléctricas son las que amenazan principalmente las comunidades del COPINH, que en todo el país se ven enfrentadas a más de 50 proyectos de este tipo: “Repudiamos y rechazamos este acto criminal cometido por este Estado que genera una gran inseguridad para el pueblo hondureño, pero que por otra parte genera la seguridad jurídica para la instalación de muchos proyectos hidroeléctricos y concesiones mineras en el territorio lenca”.
Para Gómez, el móvil del asesinato de Lesbia, tiene que ver con su oposición fuerte al proyecto hidroeléctrico Aurora I, del cual es propietaria Gladys Aurora, vicepresidenta del Congreso Nacional y la Presidenta del Partido Nacional. Sin embargo el dirigente del COPINH también ve en el acto atroz, una intención de dar “un mensaje más amplio” a las luchadoras y luchadores sociales; según afirma existe preocupación entre los grupos de poder hondureños por la posible aprobación en el Congreso estadounidense de la "Ley Berta Cáceres por los Derechos Humanos", una propuesta del Partido Demócrata para suspender los fondos que el gobierno de EEUU (que alcanzan unos 18 millones de dólares) a las fuerzas de seguridad hondureña.
“Este asesinato es parte de una política decisiva, de criminalización, hostigamiento y odio que han estado sembrando en contra de las y los miembros del COPINH, pero también en contra de los luchadores y luchadoras en el país en general”, recalcó el militante hondureño.
Sobre las demandas que sigue manteniendo su organización, Gómez afirmó: “Seguimos exigiendo que una comisión independiente de expertos y expertas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos investigue el asesinato de Berta Cáceres; la cancelación del proyecto Agua Zarca; la eliminación de todas las concesiones ya realizadas a proyectos en territorio lenca; y la desmilitarización de los territorios lencas, respetando la autonomía y la autodeterminación de los pueblos indígenas”.
Escucha la entrevista completa con Tomás Gómez en el archivo adjunto.
Imagen: tiempo.hn
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