El hecho ocurrió a las 4:00 de la tarde cuando Denis Mejía quien vista la comunidad dos o tres veces por semana, se acercó a los jóvenes y sin mediar palabras comenzó a disiparles en diferentes partes del cuerpo, luego de cometer del hecho huyó a internarse en la Finca Paso Aguán, propiedad de Corporación Dinant. Los jóvenes fueron trasladados al hospital de Tocoa, falleciendo uno en el camino y otro en el hospital.

Según testimonio de Jaime Cabrera, también miembro de la Empresa "Gregorio Chávez" y coordinador de la Plataforma Agraria Regional del Aguán, “Denis Mejía junto a otras personas encapuchadas salía y entraba a la comunidad, muchas veces vigilando las casa del compañero Santos Torres, Glenda Chávez, mi persona y otros líderes de la comunidad “.

La Empresa Campesina "Gregorio Chávez" surge en el 2012, cuando asesinan a su líder, de quien lleva su nombre; don "Goyo" era líder religioso y defensor del derecho a la tierra, quien fue ejecutado en la finca Paso Aguán, custodiada por guardias de seguridad privada del palmero Miguel Facussé.

Ante ello la población decidió recuperar ese predio, ya que no era el primer caso de ejecución y desaparición que ahí sucedió, pero una y otra vez fueron desalojados violentamente, quedando desde hace mas de un año, bajo custodia de guardias privados y militares que rondan la región.

Hace 15 días los jóvenes iniciaron la recuperación de una parcela de tierra inculta aledaña a la comunidad, la misma está siendo ocupada por 123 familias que no posee solar para su casa.

La misma pertenece a la cooperativa Panamá, pero fue arrebatada de la empresa COFRUCO la cuanta con fincas de Naranja en la región. Alan Martínez era Hermano de Cristian Martínez secuestrado en enero 2015 por guardias de Corporación Dinant (de la familia Facussé) junto a miembros de la operación Xatruch que resguardan la Finca Paso Aguán desde hace varios años. Cabe mencionar que el mes anterior guardias de la empresa COFRUCO hirieron de bala un joven también miembro de la Empresa Gregorio Chávez.

Manuel Milla era el coordinador del grupo en recuperación que bautizaron como colonia 26 de Mayo en la misma comunidad del municipio de Trujillo, el 19 de Junio del 2016. Solo en el Valle del Aguán desde el 2009 hasta la fecha se contabilizan más 129 campesinos/as asesinadas por el derecho a la tierra y a la justicia de quienes luchan en el país.

Finalmente las organizaciones de la Plataforma Agraria del Aguán exigen al Ministerio Publico el castigo para los responsable del vil asesinato de los dos jóvenes campesinos que su único que lucharon hasta el último momento por reivindicar sus derechos por el acceso a la tierra.

Impunidad reina

Paralelamente, también en tierras hondureñas, la Articulación de Mujeres de La Vía Campesina de ese país ha analizado y denunciado la situación de indefensión de los defensores de los derechos territoriales, en especial de las defensoras.

Campesinas, mujeres garífunas e indígenas lencas son, afirman, las más indefensas y afectadas por el clima de impunidad con que actúan los agronegocios y sus empresarios.

"El contexto que enfrenta la lucha campesina y como defensoras de Derechos Humanos, en el agro hondureño, denunciamos que en el país un 3% de los terratenientes poseen el 70% de las tierras cultivables, en contraste con los 7 de cada 10 campesinos y campesinas que no poseen predios para producir y vivir".

Según el Índice Global de Impunidad (IGI) 2015, Honduras es uno de los siete países del mundo con los índices más altos de impunidad y muy poco se hace para revertir la situación.

En Honduras resultan insuficientes las medidas que se han impuesto en los últimos años en materia de investigación, ya que la inmensa mayoría de los casos ni siquiera son investigados y es una irrisoria cantidad la que llega a judicializarse, supuestamente el 96% permanecen impunes.

En los últimos tres años el campo hondureño reporta 120 campesinos y campesinas asesinados/as, entre ellas 5 mujeres campesinas e indígenas. En marzo de este año fue asesinada berta Cáceres, líder lenca de Intibucá y el Río Gualcarque, en un hecho que aún permanece en la impunidad.

De igual manera existen más 6,000 procesados/as a nivel nacional, entre ellas 1,700 mujeres campesinas e indígenas por estar exigiendo y defendiendo su derecho a la tierra y el territorio, señaló la articulación de mujeres de la Vía Campesina Honduras.