Los primeros acercamientos entre el gobierno colombiano y la Cumbre Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular, agrupación que impulsa la Minga, se dieron el sábado en la ciudad de Cali, con la participación del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y 35 delegados de la Cumbre. Pese a esas tratativas, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, señaló días atrás que “como gobierno tenemos la obligación de hacer respetar los derechos de los demás, y no nos va a temblar la mano para hacerlos respetar”, al referirse a la movilización y los bloqueos que se presentan en algunas vías del país.

De otra parte, desde las principales carteras ministeriales, la de Interior y la de Justicia, se ha señalado que la Cumbre Agraria y sus dirigentes se encuentran divididos durante el proceso de negociación, lo que ha sido desmentido por los voceros oficiales de la Cumbre. Esos dirigentes han llamado al gobierno colombiano a cesar la estrategia de desinformación, han manifestado a la opinión pública la ratificación del pliego de negociación, y han señalado que “la Cumbre Agraria Nacional, Campesina, Étnica y Popular continúa unida”.

“El día de hoy nos enfrentamos a una arremetida mediática, con múltiples declaraciones malintencionadas del gobierno nacional para deslegitimar el ejercicio colectivo que como Minga Nacional venimos realizando. (…) Logramos seguir firmes en nuestra decisión de hacer una negociación con movilización en la cual el gobierno responda con la voluntad política que se requiere a nuestras demandas y exigencias”, señala la circular publicada este miércoles por el Congreso de los Pueblos, organización de carácter político y social que aglutina a diversos sectores del país en lucha por justicia social.

También se ha podido conocer que la respuesta del gobierno colombiano, además de la desinformación denunciada por las organizaciones sociales, ha avanzado hacia una “ocupación estratégica que están realizando unidades militares (…) alrededor de los campamentos de la comunidad movilizada”, como fuese denunciado ayer en un parte de prensa por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN). “Es muy delicado que se esté planeando una operación de escala militar contra población civil, y más delicado que se diera en horas nocturnas, aumentando la vulnerabilidad y el riesgo”, continúa el comunicado de la ACIN. Asimismo, se han presentado denuncias de asedio policial y militar en los departamentos de Antioquia y Huila, entre otros.

A través de su corresponsal en Colombia Danilo Urrea, Radio Mundo Real entrevistó a la dirigente Claudia Ortíz, integrante del Movimiento en Defensa del Territorio y de Afectados por Represas Ríos Vivos, y quien hace parte de las reuniones que adelanta la Cumbre Agraria. La entrevista se dio en momentos en que la Comisión Política de la Cumbre dialogaba en el municipio de Santander de Quilichao, departamento de Cauca, con los garantes de la negociación: Monseñor Darío Monsalve, Padre Francisco de Roux, Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo.

Propuestas de negociación

“El gobierno nacional no ha respetado y no ha dado las garantías para esta movilización y eso ha sido un obstáculo para que podamos avanzar en los puntos que deberíamos estar avanzando, que es el pliego que se tiene ya desde hace tres años”, señaló Ortíz al analizar la situación actual de las garantías para avanzar en la instalación de la Mesa Única de Negociación. “Prima el interés económico por sobre las clases populares y vulnerables del país”, añadió.

Radio Mundo Real confirmó que la reunión de garantes con la Comisión Política de la Cumbre Agraria se realizó en procura de abonar esfuerzos para la instalación de esa Mesa Única de Negociación, que se propone se instale en la vía Panamericana, al suroccidente del país, en el punto de Quinamayó. Al respecto, Ortíz señaló que “estamos esperando que se pueda dar ese paso, ya al presidente se le comunicó en donde es la propuesta de las comunidades para la instalación de la Mesa Única y dos subcomisiones, una en la María y otra en la ciudad de Cali”.

Por su parte, el Congreso de los Pueblos señaló en su comunicación oficial que “invitamos al gobierno nacional a realizar la instalación de la negociación en Quinamayó, municipio de Santander de Quilichao, Cauca, lo más pronto posible”. “Se ha propuesto trabajar en dos subcomisiones. Una en la María Piendamó, Cauca, donde se discutan los temas más neurálgicos para el movimiento indígena, y otra en la ciudad de Cali, sobre el resto de los puntos del pliego de la Minga. Es muy importante resaltar que aunque ésta es la propuesta, es una sola negociación nacional”.

Ortíz manifestó que “hay una estrategia de desinformación promovida desde los ministros para señalar una falsa división de la Cumbre, pero es un mensaje para fragmentar el proceso mismo”.

Frente a la situación que el Movimiento en Defensa del Territorio y Afectados por Represas Ríos Vivos ha denunciado en los últimos días, sobre el aumento de amenazas de grupos paramilitares a sus integrantes, la líder campesina dijo que “a nosotros nos preocupa mucho el tema de las garantías”. “Si no hay garantías a la protesta cómo vamos a seguir reivindicando el respeto a los derechos humanos y (denunciando) las vulneraciones que tenemos como afectados por represas, principalmente”. “Ese es uno de los puntos que estamos discutiendo aquí, la construcción de una Comisión Nacional de Represas y la creación de una Comisión Ambiental de la Verdad. Cómo nosotros vamos a tener realmente esos espacios de interlocución, pues está cerrado totalmente el gobierno frente a los planteamientos lógicos de las comunidades”, sentenció Ortíz.