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16 de marzo de 2016 | Entrevistas | Criminalización del COPINH | Honduras libre | Acaparamiento de tierras | Derechos humanos | Justicia climática y energía | Luchadores sociales en riesgo
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La situación en Honduras es de alarma total. El indignante y todavía impune asesinato de Berta Cáceres parece haber marcado una ola de recrudecimiento de la violencia y la persecución en contra de militantes sociales, indígenas y campesinos en un país cuyo pueblo no ha dejado de ser atacado desde el golpe de Estado sufrido en 2009. En el día de ayer, tras un violento desalojo en la comunidad de Río Chiquito, en el departamento de Cortés, el integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) Nelson García fue asesinado a tiros al regresar al lugar en que se estaba quedando.
Mediante un despliegue de fuerzas a todas vistas desmedido, que incluyó efectivos de la Policía, del Ejército, de la Unidad Antimotines y de la Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES), 150 familias campesinas e indígenas fueron desalojadas de las tierras que habitaban y cultivaban desde hace más de 10 años. “En el desalojo destruyeron los cultivos de frijoles, maíz, yuca, plátanos, así como sus casas”, cuenta Tomás Gómez, integrante del COPINH, y agrega que las familias “han quedado totalmente a la intemperie”.
La comunidad estaba tramitando el otorgamiento del titulo comunitario de esas tierras ante el Instituto Nacional Agrario (INA), pero mediante testaferros el alcalde del Río Lindo, municipio al que pertenece la comunidad, ha comprado las tierras de manera ilegal, según denuncia el COPINH. Según el movimiento, los intereses en esa región están relacionados al aumento del potencial de generación de energía hidroeléctrica.
Luego del desalojo, Nelson García regresa a la casa donde alquilaba un cuarto: “lo estaban esperando los sicarios que lo asesinaron de cuatro tiros”, cuenta Gómez.
“Fue el Estado”
“Nosotros decimos que el responsable aquí fue el Estado”, sentencia el militante del COPINH, y prosigue: “el Estado no ha querido resolver la problemática de adjudicación de tierras de los títulos comunitarios que el COPINH y el pueblo lenca han estado exigiendo para que se legalice la posesión de los pueblos indígenas de esas tierras”.
Con el de Nelson García, se suman ya quince asesinatos de militantes hondureños, incluyendo el de Berta Cáceres, solamente en lo que va de 2016: “es una avalancha de amenazas y asesinatos para desaparecernos, para quitarnos todas las tierras. Tierras donde hay minería, donde hay agua, donde hay bienes naturales para concesionarlas”, expresa Tomás Gómez.
Sumando a este argumento de responsabilidad del Estado, el integrante del COPINH denuncia el nulo avance que han tenido las investigaciones y la búsqueda de justicia para Berta Cáceres, un caso que mereció el reclamo de justicia en países de todos los continentes: “Es una dictadura institucional. Vemos que en países donde hay declaradas guerras se asesinan menos personas”.
Sobre las demandas actuales de la organización, Tomás cuenta que exigen: quitar proyecto hidroeléctrico Agua Zarca de territorios del pueblo indígena lenca; cesar la criminalización del COPINH; la desmilitarización del pueblo lenca; anular de inmediato las concesiones de minería, proyectos hidroeléctricos y eólicos en territorios lenca.
Para que se cumplan las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para los dirigentes indígenas y los familiares de Berta Cáceres, Tomás afirma que es necesario "ir a la raíz". "Y la raíz son las políticas del Estado hondureño, de privatización y concesión del territorio indígena sin la consulta previa, libre e informada”, concluye.
Por último, Tomás Gómez mencionó las movilizaciones que estarán realizando el COPINH, OFRANEH y diversas organizaciones en la capital Tegucigalpa desde hoy 16 hasta el viernes 18 de marzo, y que Radio Mundo Real estará cubriendo.
Imagen: Vía Campesina Honduras
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