I. Nos preocupa que pasadas las primeras 24 horas del asesinato de nuestra compañera Bertha Cáceres, el principal énfasis de las investigaciones desarrolladas por distintas unidades del gobierno, hayan dado prioridad a hipótesis no relacionadas con las amenazas a las que estaba expuesta recientemente y en reiteradas ocasiones había denunciado el COPINH y la misma Bertha Cáceres.

II. Nos preocupa que el gobierno, en el afán de bajar la presión nacional e internacional que este crimen le acarrea, procure dar cualquier respuesta de manera inmediata, no importando que los verdaderos responsables del hecho sigan gozando de la histórica impunidad en la que nos tiene hundidos.

III. El gobierno y Estado de Honduras, antes de presentar cualquier resultado sobre las causas y autores del crimen contra Bertha Cáceres, tiene el deber de responder si la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA) concesionaria del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, varias instituciones bancarias financiadoras de estos proyectos, varias Corporaciones Municipales de municipios Lencas, especialmente la de San Francisco de Ojuera, policías, militares y varias otras empresas quienes habían vertido amenazas de acabar con la vida de Berta y otros liderazgos de la zona, participaron de este repudiable crimen.

Algunos de los últimos hechos denunciados directamente por Bertha Cáceres son:

  El 25 de febrero fueron desalojadas 50 familias lencas en la comunidad de la Jarcia, Guise, Intibucá, por elementos de la policía nacional, agentes de investigación y militares bajo una orden ilegal y arbitraria. Involucrando directamente en la destrucción de casas al señor Lenin Pérez, ordenada por el juez Mario Pineda del juzgado segundo de letras en Intibucá, denunciando a la alcaldía por emitir dominios plenos, a jueces y la fiscal Vania Jetziva Aguilar por racismo, negligencia y favoritismos, y ese mismo día denunció que esa política de desalojos contra miembros del COPINH no son aisladas porque el siguiente día se realizaría otro desalojo en Río Chiquito, Río Lindo, Cortés.

  El 20 de febrero en horas de la mañana denunció que se estaban deteniendo y hostigando a más de 100 miembros del COPINH por una acción de resistencia pacífica contra el Proyecto Hidroeléctrico “Agua Zarca” que impulsa la Empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) en territorios lencas, denunciando al ingeniero de la Empresa DESA, Segio Rodríguez, empleados de dicha empresa, el alcalde de San Francisco de Ojueras en Santa Bárbara (Raúl Pineda), al Partido Nacional, apoyados por el Ejército Nacional de Honduras, la Policía Nacional, guardias privados y sicarios.

  El día viernes 26 de febrero estando en San Pedro Sula y a las 5:00 pm recibió una llamada telefónica informándole que un carro andaba rondando su casa de habitación.

  Bertha denunció que los sujetos procesados en los expedientes 1001-2015-00107 y 1001-2015-00008, en el Juzgado de Letras de Intibucá, por los delitos de portación ilegal de armas y homicidio, habían sido contratados para asesinarla. Los dos acusados se encuentran en libertad, después de haber sido favorecidos por el Ministerio Público y el Juzgado de Intibucá.

IV. La PMSPH y la CI, denuncia la intención del gobierno y Estado de Honduras de presentar cualquier respuesta a este crimen. La única respuesta aceptable es la que establezca las causas y móviles certeros, la identidad plena y la sanción penal de los autores intelectuales y materiales.

V. Alertamos y solicitamos a la comunidad y cooperación internacional, a los movimientos políticos, sociales y de derechos humanos de Honduras y del mundo, y a todas las personas que se han solidarizado ante este crimen; que dirijan misivas al Estado y gobierno de Honduras pidiendo que respete los estándares internacionales definidos para la investigación de este tipo de crímenes, sobre todo el hecho que BERTHA CÁCERES es una reconocida luchadora social y defensora de Derechos Humanos, y su crimen está vinculado con su lucha.