Así ha sido y así fue el pasado 24 de febrero cuando se vivieron nuevos atropellos para el desplazamiento de la familia de Tomás Ustate e Idila Nira Fuentes del municipio de Roche, en el departamento de la Guajira.

Según hicieron público las comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos y ambientales que actúan en la zona, la diligencia de desalojo estaba programada para las 10 de la mañana, hora en que la familia Ustate Fuentes estaba acompañada por aproximadamente 50 miembros de las comunidades de Roche, Chancleta, Patilla y por las organizaciones defensoras de Derechos Humanos Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo e Indepaz.

Sin embargo, desde mucho antes en las vías de acceso a la zona existía gran presencia de uniformados, tanto del Ejército Colombiano como del Escuadrón Antidisturbios (ESMAD) los cuales en ocasiones no dejaban pasar a otras personas de la comunidad que querían acompañar la diligencia.

Las comunidades habían planteado asimismo acciones de amparo para postergar el desalojo, argumentando que el mismo violaba sus derechos territoriales y humanos.

No obstante, una hora después de la hora miembros del ESMAD llegaron a la comunidad insultando y lanzando gases y proyectiles de goma y acero contra las personas que se encontraban presentes. Luego de 20 minutos de agresiones de parte de la fuerza policial hubo un saldo de dos heridos: Ronald Emilio Palmezano Carrillo (joven con discapacidad mental) con fractura de brazo izquierdo luego de un golpe con un proyectil lanzado por el ESMAD, y el señor Ángel Pereira sufrió heridas abiertas en el pecho sufridas por los golpes con proyectiles lanzados por el ESMAD; varias personas entre las que se encontraban mujeres y personas con discapacidad fueron golpeados y sufrieron asfixia por los gases.

El uso excesivo y desproporcionado de la fuerza fue la constante en la expropiación y desde los afectados se denuncia la indiferencia de organismos judiciales y de defensa de los DDHH, dejando vía libre a la represión uniformada.

Incumplimiento sistemático

Un líder de la zona y testigo directo de los hechos, Samuel Arregocés, dialogó con Radio Mundo Real pasadas algunas horas de los hechos y señaló los constantes incumplimientos de parte de la empresa, la permisividad de las instancias estatales y la crítica situación de las familias afectadas, quienes además de vivienda han perdido cultivos, ganados y otros medios de vida.

Adicionalmente, el registro fotográfico de lo que allí acontecía y que fuera recabado por un reportero gráfico de origen guatemalteco fue confiscado y destruido a pedido de la propia empresa Cerrejón, agrega Samuel.

Cerrejón es una empresa perteneciente en tres partes iguales a BHP Billiton (Australia), Anglo American (Sudáfrica) y Glencore de Suiza. El carbón que extrae abastece el sector de generación de energía eléctrica, principalmente en el mercado del Océano Atlántico, en Norte América y Europa.

En la entrevista con Radio Mundo Real, Samuel indica que la población respondió a la fuerza aplicada en forma injustificada y desmedida por parte del ESMAD.
“La empresa Cerrejón ha firmado más de diez acuerdos con las comunidades y aún no ha cumplido ni el primero”, dice Samuel en la entrevista que puede escucharse en audio adjunto.

Samuel también manifestó que el terreno que explotaba la familia desplazada llevaba más de 300 años en poder de la comunidad para la producción de ganados y en forma asociada permitía el trabajo y autoabastecimiento de unas 50 personas.

También explicó que hay presiones de los países de origen de los capitales de Cerrejón sobre las comunidades y las autoridades colombianas para permitir la expansión de la minera.

Las imágenes adjuntas complementan la descripción de los hechos acaecidos el pasado 24 de febrero.