La Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), organización conformada a finales de 2005 por habitantes de las áreas rurales de los municipios de Convención, Teorama, El Tarra y El Carmen, los cuales forman parte de la región del Catatumbo, en el departamento Norte de Santander (Colombia), rechazó de manera rotunda el asesinato de la dirigente.

Ascamcat surgió como una propuesta asociativa de reconstrucción del tejido social que permitiera generar condiciones de vida digna y desarrollo para los catatumberos, el respeto a las comunidades indígenas, los adultos mayores, los niños y las mujeres; la no fumigación de los cultivos ilícitos y la erradicación de los factores socioeconómicos que dieron origen a la siembra de coca; la defensa de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente; el rescate de sus tradiciones culturales; la participación en la toma de decisiones que involucren el campo; y el respeto a la vida y en general a los derechos fundamentales de los habitantes del Catatumbo.

Nelly Amaya Pérez era actualmente la presidenta de la Junta de la Acción Comunal del barrio Guamalito en el municipio de San Calixto. Activista política sobreviviente de la Unión Patriótica, madre de tres hijos, comerciante y luchadora social por San Calixto.

Ascamcat ve con preocupación este hecho de violencia en la región, máxime en el marco del proceso de paz entre el gobierno nacional y las insurgencias armadas. Manifiestan "creer firmemente que todos estos esfuerzos por alcanzar la paz deben conducir y materializar desde ya a respetar y garantizar la vida de todos sus conciudadanos, de dar las garantías a los dirigentes sociales y defensores de derechos humanos en su trabajo por la paz con justicia social, exigencia por la dignidad y defensa del territorio. La paz no se consolida con la sola firma de un acuerdo, sino con la garantía y respeto pleno de derechos de todas las personas, iniciando por el más importante, la vida".

Los asociados de Ascamcat enviaron un abrazo de solidaridad a la familia en estos momentos de dolor y de igual manera hicieron un llamado a todas las instituciones del Estado encargadas de investigar, juzgar y reparar, a iniciar de inmediato su deber constitucional para esclarecer y condenar los hechos ocurridos para que no queden en la impunidad.

Fuente: Prensa Rural