Leiva recibió tres impactos de bala, uno de ellos en el pulmón y otro en el hígado. A pesar de la gravedad de las heridas el líder comunitario garífuna se encuentra en condiciones estables. No obstante en la comunidad impera el miedo ante las amenazas existentes en contra de los integrantes del Comité de Defensa de Tierras, los que atestiguan sufrir “seguimientos” realizados por personas ajenas a la comunidad.

El lugar de los hechos se encuentra a una cuadra de distancia de lo que es aparentemente una oficina del Quinceavo Batallón de infantería en Trujillo.

El pasado 13 de noviembre se inició el juicio contra el canadiense Randy Jorgensen, acusado de usurpación por el Ministerio Público. La Fiscalía de las Etnias a petición de la OFRANEH, presentó un requerimiento fiscal en diciembre de 2011 en contra del rey del Porno -como se le conoce en el país al inversionista- y libró una orden de captura en su contra por desacato al no presentarse en diversas ocasiones al ser citado por las autoridades.

Las comunidades garífunas de la Bahía de Trujillo han sido afectadas por fuertes presiones territoriales promovidas desde el año 2007 por Jorgensen, llegando a su apogeo con la demolición de Río Negro en el año 2010, promovida desde la Municipalidad y lograda a través de la amenaza de “expropiación forzosa”, con el propósito de construir el muelle de cruceros conocido como el Banana Coast.

Miembros de la comunidad afirman que posterior a la audiencia efectuada el 13 de noviembre, comenzó una campaña de hostigamiento en contra de los líderes comunitarios que se han destacado por la lucha en la defensa del territorio. El Comité de Defensa Territorial señala a Joel Ruiz, conocido como Cayo o el “sicario de Randy”, de haber fotografiado y seguido a Vidal Leiva y a otros defensores de la tierra.

Jorgensen ha contado con el apoyo del funesto clan Lobo, especialmente de Ramón Lobo, e incluso recibió un reconocimiento publico por parte de Porfirio Lobo en 2011. Además ha contado con el apoyo incondicional de la Municipalidad de Trujillo y Santa Fe donde se apropió del hábitat funcional de las comunidades de Guadalupe, San Antonio y Santa Fe. En el caso iniciado en su contra por la apropiación de las tierras de Cristales y Río Negro recibió un sobreseimiento provisional por parte del Juzgado de Letras.

Testigos señalan que la Dirección General de Investigaciones Criminales (DGIC) rechazó la denuncia interpuesta por los familiares de Vidal, aduciendo que él mismo se había infringido las heridas. El comportamiento de los operadores de justicia en la Bahía de Trujillo ha sido señalado en múltiples ocasiones como inoperante o en contubernio con los transgresores de la ley.

Las comunidades garifunas de la Bahía de Trujillo han venido denunciando desde el año 2007 la apropiación de sus territorios, en especial a las intervenciones de Jorgensen. Es hasta 2015 que se inician los oficios para dilucidar los despojos que se han dado en la Bahía de Trujillo, al mismo tiempo que se pretende instaurar una ciudad modelo desde el río Aguan hasta Betulia, proyecto que implica el desalojo de mas de cuatro mil personas radicadas en Puerto Castilla.

La OFRANEH ha exigido una investigación exhaustiva sobre el atentado, además que de una vez por todas el Ministerio Público investigue las usurpaciones y compras ilegales realizadas por Jorgensen, así mismo el Juzgado de Letras de Trujillo se apegue a derecho evitando el prevaricato como se dio con el caso de las tierras ocupadas por el proyecto Coroza Alta.

"Hacemos un llamado a la solidaridad nacional e internacional para estar atentos a esta problemática de Trujillo que a todas luces se conflictuará mucho más, porque las comunidades garifunas de la Bahía de Trujillo, no están dispuestas a continuar perdiendo su territorio", finaliza la OFRANEH en su comunicado.