La sentencia se dio a conocer cinco años después del fallo que dejó sin efecto la concesión otorgada por el Estado a la minera, al considerar que se hizo de manera irregular. Industrias Infinito, de capital canadiense, pretendía extraer 800.000 onzas de oro de la mina.

"Esta es una prueba de la justicia tardía que hay en Costa Rica", reclamó Edgardo Araya, uno de los abogados demandantes y actual diputado del Partido Frente Amplio.

Al parecer, ya en el país no hay representantes de la empresa, ni tampoco se conoce con qué capital pagaría su parte de la responsabilidad.

Según la sentencia, la reparación de los daños se hará como lo establece un estudio realizado por peritos. Además, debido a que Infinito vendió la finca en Cutris, los nuevos dueños deberán permitir las labores que sean necesarias.

El pago por daños deberá realizarse, añadió el Tribunal, seis meses después de la firmeza del fallo.

Todavía queda pendiente el arbitraje que había planteado Infinito en Estados Unidos, el cual quedó suspendido a solicitud de los problemas financieros de la propia empresa en Canadá.