A la inexistencia de un censo nacional de víctimas de desaparición forzada, se suma la falta de claridad en los criterios para la investigación de los casos denunciados; la carencia de un protocolo de búsqueda inmediata y la no tipificación del delito en la jurisdicción mexicana, que perpetua la impunidad, como impedimentos para que los familiares o no puedan denunciar o sus denuncias sean atribuidas a delitos menores.

La confianza en las autoridades mexicanas es nula, entre otras porque han incrementado las amenazas a los familiares de las víctimas para que no denuncien los hechos, sumado a que en ocasiones han sido revictimizados, pues les han entregado cuerpos que no corresponden a los de sus desaparecidos, ante la falta de una institución confiable para el cotejo de cuerpos.

Reyes, asegura que estas agresiones se enmarcan en una política sistemática generalizada desde los años 70 y agudizada actualmente, bajo la excusa de combate al narcotráfico, pero en realidad dirigida contra los sectores sociales, particularmente los defensores de derechos humanos y extendida a los sectores no organizados, incluyendo a menores de edad. En suma es una estrategia de terror para difundir el miedo en la sociedad y tener vía libre en la aplicación de políticas neoliberales.

La documentación de los casos de violaciones a derechos humanos, ha permitido establecer relaciones directas entre la implementación de proyectos extractivos en estados como Nuevo León, Chihuahua, Guerrero, Chiapas, Hidalgo y Veracruz por parte de empresas multinacionales, con los desplazamientos, expropiaciones, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales de las que han sido víctimas las bases sociales allí presentes. Como una muestra del terrorismo de Estado mexicano implementado a favor de intereses económicos extranjeros.

Frente al retroceso que experimentan las organizaciones mexicanas que defienden los derechos humanos, en relación con las garantías para el ejercicio de su labor, éstas han programado actividades políticas y culturales para que la sociedad civil se sensibilice ante la gravedad de la situación y las autoridades asuman medidas concretas que combatan este crimen, como la caminata programada para el 3 de septiembre en la que exigirán frente al Senado de la República que la iniciativa de ley presentada el pasado 19 de agosto, sea recibida formalmente para su discusión.