Fueron acusados de ejecutar explosiones contra la entidad financiera Porvenir en Bogotá, y vinculados a una red urbana del guerrillero e izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN), además de ser señalados como protagonistas en disturbios en la Universidad Nacional. Bajo esta última acusación la jueza dictó la llamada “medida de aseguramiento” para todos los detenidos, por considerarlos “un peligro para la sociedad”.

Desde la Cumbre Agraria se inició la campaña “Rompiendo el miedo” que busca mandar un mensaje de solidez y fuerza para el movimiento social. Bajo el lema “Que expresarnos distinto no nos cueste la vida y la libertad”, la campaña invita a no ceder en las múltiples acciones de manifestación y protesta. Es por ello que desde la Cumbre Agraria se plantean próximas acciones de movilización a nivel regional y nacional.

Un día después de la detención de los activistas, el Congreso de los Pueblos realizó una conferencia de prensa frente a la sala de audiencia en la capital colombiana, en los Juzgados de Paloquemao. Allí se comunicó las irregularidades de lo que han llamado un “falso positivo judicial” en el proceso frente a la denuncia que se efectuó contra la jueza por una reunión que habría mantenido con un General de la Policía en su despacho minutos antes de la audiencia del 28 de julio.

La abogada Gloria Silva, defensora de la activista feminista Paola Salgado, presentó la denuncia en contra de la jueza por el delito de prevaricato por acción. Actualmente se estudia la posibilidad de presentar este caso ante organismos internacionales, a fin de que se tomen medidas de vigilancia frente a graves irregularidades.

En la entrevista cedida a Radio Mundo Real, con respecto a la resolución de enviar a los detenidos a prisión, la vocera nacional del Congreso de los Pueblos, Alexandra Bermúdez, dijo que “es una decisión que se ha dado principalmente por toda la presión política que hay desde el gobierno” y agregó, “nosotros seguimos diciendo que esto es un juicio político y no jurídico para seguir persiguiendo, criminalizando y judicializando a las organizaciones del movimiento social y popular”. Además, reclamó al gobierno de Juan Manuel Santos “garantías para el ejercicio de nuestra labor”, que es “legítima y legal” y reconocida por el propio gobierno a través de un decreto.

La agencia de comunicación Colombia Informa señala que a las irregulares detenciones a miembros de los movimientos Congreso de los Pueblos y Marcha Patriótica, se suma la saga de desprestigio contra las organizaciones indígenas emprendida por el canal de televisión Caracol. Ante esto, han expresado acciones de fortalecimiento y movilización a través de la campaña que se inició el 6 de agosto en las principales ciudades del país.

Con ella también se busca generar una mayor visibilidad y denuncia a nivel nacional e internacional. En este sentido, se ha logrado una manifestación de apoyo por parte de las distintas organizaciones sociales de América Latina que se encuentran en la articulación de movimientos sociales Alba de los Pueblos. Esto se suma a la presión internacional iniciada por las instancias jurídicas por las múltiples irregularidades en los procesos de judicialización de los militantes de estas organizaciones sociales.