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30 de julio de 2015 | | | |

Persecución política

Colombia: Congreso de los Pueblos denuncia irregularidades del proceso que acaba de enviar a prisión a 13 activistas

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El movimiento social colombiano Congreso de los Pueblos alerta que el juicio que se ha iniciado en Bogotá, capital del país, contra 13 activistas sociales es “político y no jurídico”. El objetivo es seguir “persiguiendo, criminalizando y judicializando a las organizaciones del movimiento social y popular”, dijo la vocera nacional del Congreso de los Pueblos, Alexandra Bermúdez.

El martes la jueza 72 de garantías envió a prisión en Bogotá a 13 activistas sociales detenidos el 8 de julio. Las irregularidades no demoraron en aparecer a comienzos de mes: primero fueron acusados de ejecutar explosiones contra la entidad financiera Porvenir en Bogotá, luego fueron relacionados con una red urbana del guerrillero e izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN) y finalmente se los señaló como protagonistas en disturbios en la Universidad Nacional.

Ayer la abogada de una detenida anunció que denunciaría a la jueza porque antes de la audiencia del martes la funcionaria judicial se habría reunido en su despacho con un oficial de la Policía.

Once de los detenidos pertenecen al Congreso de los Pueblos, que ayer realizó una conferencia de prensa frente a la sala de audiencia en la capital colombiana, en los Juzgados de Paloquemao.

“Queríamos comunicar al país y al mundo las irregularidades que hay en el proceso”, y especialmente dar el parecer sobre la resolución de enviar a los detenidos a prisión mientras se sigue el caso, dijo Bermúdez en la entrevista cedida a Radio Mundo Real. “Es una decisión que se ha dado principalmente por toda la presión política que hay desde el gobierno”.

“Nosotros seguimos diciendo que esto es un juicio político y no jurídico para seguir persiguiendo, criminalizando y judicializando a las organizaciones del movimiento social y popular”, sentenció la vocera nacional del Congreso de los Pueblos. Además, reclamó al gobierno de Juan Manuel Santos “garantías para el ejercicio de nuestra labor”, que es “legítima y legal” y reconocida por el propio gobierno a través de un decreto.

Imagen: www.colombiainforma.info

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