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29 de julio de 2015 | | | |

Falso positivo judicial

Trece activistas sociales enviados a prisión en Colombia en medio de graves irregularidades: jueza será denunciada

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La jueza 72 de garantías que el martes enviara a prisión en Bogotá, capital colombiana, a 13 activistas sociales detenidos el 8 de julio, será denunciada por la abogada de una de ellos, por una reunión que la funcionaria judicial habría mantenido con un general de la Policía en su despacho minutos antes de la audiencia de ayer.

La abogada Gloria Silva, defensora de Paola Salgado, anunció que presentará una denuncia en contra de la jueza por el delito de prevaricato por acción. Se estudia además la posibilidad de presentar este caso ante organismos internacionales, a fin de que se tomen medidas de vigilancia frente a graves irregularidades.

Ya van varias “rarezas” en este caso. El medio Colombia Informa explica que pasaron 20 días desde que los detenidos fueron puestos bajo órdenes de la Policía en Bogotá hasta la audiencia de ayer. Once de ellos pertenecen al movimiento social y político Congreso de los Pueblos.

En principio fueron acusados de ser los responsables de unas explosiones contra la entidad financiera Porvenir en Bogotá. Luego se los relacionó con una red urbana del guerrillero e izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN) y finalmente se los señaló por participar en disturbios en la Universidad Nacional.

Bajo esa última acusación fue que la jueza 72 de garantías dictó la llamada “medida de aseguramiento” para todos los detenidos (los envío a prisión), por considerarlos “un peligro para la sociedad”.

Colombia Informa señala que la jueza consideró que el material probatorio presentado por la fiscal Ana Patricia Larrota, que pidió el encarcelamiento, fue lo suficientemente contundente como para dictar su sentencia. En su veredicto argumentó: “Ellos son coautores de los delitos que aquí se les investiga. Sí existen las pruebas para vincularlos. Aquí los delitos imputados no son de poca monta debido a que ponen en peligro a la sociedad”.

Además, la jueza aludió a la juventud y a los trabajos de algunos de los detenidos (defensores de derechos humanos, líderes estudiantiles y un periodista), para usarlos como elementos agravantes, ya que consideró que sus figuras son representativas para la sociedad y por tanto un mal ejemplo.

La decisión judicial fue inmediatamente apelada por los abogados defensores, que consideraron que hay argumentos poco sólidos para explicar el fallo y varias irregularidades en el proceso.

Pero este miércoles la historia da entonces una nueva vuelta de tuerca, con el anuncio de la abogada Gloria Silva de la denuncia que presentará contra la jueza. Según información difundida por el diario El Espectador de Colombia, Silva manifestó que llama la atención la reunión del oficial de la Policía con la funcionaria judicial minutos antes de que enviara a la cárcel a los 13 detenidos. La abogada advirtió que en este caso se ha presentado una evidente presión por parte de la Policía “y de sus altos mandos”. “Han incidido de manera adversa a las decisiones”, señaló, con lo que catalogó como una “parafernalia” para presionar a fin de que se tomen decisiones perjudiciales para los imputados.

Silva considera además que no existía evidencia para avalar la solicitud de prisión presentada por la Fiscalía General, e insistió en que se trata de un caso de criminalización de la protesta social. “La decisión de enviarlos a la cárcel mientras dura el proceso y el juicio los ha impactado de manera muy fuerte. La cárcel no es un espacio para que personas que han aportado a la sociedad estén privadas de la libertad”, sentenció la abogada.

El Congreso de los Pueblos tiene previsto realizar hoy una rueda de prensa para denunciar las irregularidades de lo que han llamado un “falso positivo judicial”. Los “falsos positivos” fueron conocidos en Colombia como los asesinatos de civiles inocentes por parte del Ejército para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate en el marco del conflicto armado interno, durante el gobierno de Álvaro Uribe y mientras el hoy presidente Juan Manuel Santos era ministro de Defensa. El Congreso de los Pueblos también planea acudir a organismos internacionales para que intervengan en este caso.

Imagen: www.contagioradio.com

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