Lo hace en el contexto de las negociaciones para poner fin al conflicto armado, aunque conmina al Estado colombiano a atender las causas estructurales que lo generaron. Indicando que dicho conflicto aumenta las víctimas diariamente, al tiempo que deja profundos daños ambientales como saldo, que no debería soslayarse.

CENSAT-Agua Viva reclama un cese bilateral de las hostilidades y un desescalamiento del conflicto; además “a la Mesa de Conversaciones de La Habana la creación de la Comisión de la Verdad Ambiental, propuesta por el Movimiento Ríos Vivos, que además incorpore el concepto de reparación de la naturaleza, ya que no existe reparación integral de las víctimas si no se resarcen los daños cometidos a ella”.

La organización ambientalista colombiana también exige “a los diversos actores involucrados en el conflicto armado a detener cualquier acción que afecte los bienes comunes, en especial las aguas, pues negar o afectar su acceso implica la violación de los derechos humanos y de la naturaleza” y al Estado atender las exigencias que las comunidades afectadas por las actividades extractivas en numerosas regiones del país vienen haciendo desde hace años, “quienes demandan se garanticen sus derechos al agua, al ambiente sano y a la vida digna”.

Comunicado Público de CENSAT-AGUA VIVA (AT Colombia)

CENSAT Agua Viva expresa un rotundo rechazo y repudio al conflicto armado de más de 50 años en Colombia, y hace un llamado al gobierno nacional para que atienda las causas estructurales que lo generaron. Conflicto que cada día deja más víctimas, en especial, de los sectores históricamente empobrecidos y genera profundos daños ambientales en los territorios. La naturaleza no humana sigue siendo una de las principales víctimas, ya que es ella el escenario donde acontece la guerra y son los bienes naturales materia de disputa por parte de diversos actores armados.

Las últimas acciones de guerra que estamos presenciando en el país, y que siguen dejando como víctimas a diversos sectores de la sociedad y a la naturaleza misma, son el resultado de una política contradictoria por parte del gobierno de Juan Manuel Santos. Mientras que por un lado promete a los colombianos una solución dialogada del conflicto armado, por otro sigue optando por la estrategia de debilitar militarmente a su adversario en un contexto de negociaciones. Las consecuencias de este discurso de paz con acciones de guerra son devastadoras.

El pasado 8 de junio fuimos testigos del gran desastre ambiental en el departamento del Putumayo, ocasionado por el derrame de alrededor de 200.000 galones de petróleo (cerca de 5.000 barriles) sobre nueve humedales de las veredas La Cabaña y Santa Rosa en el municipio de Puerto Asís, atribuido por el gobierno nacional y los medios de comunicación a las FARC. Pocos días después, en el municipio de Tumaco, departamento de Nariño, 4.000 barriles de crudo contaminaron la quebrada El Aguacate, en su curso hasta el río Caunapí y la Bahía de Tumaco, sumándose a los continuos derrames que, de acuerdo a la Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño), obedecen en un 90% a las llaves artesanales para el robo de gasolina o crudo. También, el 16 de junio la región del Catatumbo fue nuevamente contaminada por una voladura de oleoducto que vertió miles de galones de petróleo sobre el río que lleva el mismo nombre.

Estas tragedias ambientales han afectado numerosos cuerpos de agua, los suelos, la fauna y flora de las regiones expuestas. La mancha generada por los hidrocarburos vertidos impide la entrada de luz y el intercambio gaseoso en ambientes acuáticos, asfixiando a poblaciones de invertebrados, peces, y anfibios; cubriendo las pieles de aves y mamíferos; y afectando las relaciones ecológicas y los ciclos biogeoquímicos de los territorios. Un estudio del Instituto von Humboldt advierte que el petróleo puede permanecer más de 30 años en sedimentos afectando microorganismos y formas de vida, de manera que se necesitan muchos años más para que los ecosistemas se recuperen. Además de las afectaciones sobre el medio, más de 80 mil personas han visto destruidos sus territorios de pesca y cultivo, y contaminadas las cuencas abastecedoras de agua para su consumo.

A través de la exposición reiterada de estos recientes hechos en los medios masivos de comunicación, se invisibilizan las denuncias que las comunidades y organizaciones ambientalistas han elevado por los impactos negativos de actividades petroleras en los territorios y que históricamente vienen afectando sus formas de vida, economías campesinas y ambiente local. Esta realidad, que no solo acontece en la zona del Putumayo, sino en Tumaco, Arauca, Casanare, Caquetá, Tibú, y las zonas carboníferas de la Guajira, el Cesar, etc., es producto del modelo de desarrollo minero-energético y de una historia de pasivos ambientales que las empresas petroleras y mineras tienen con estas regiones y con Colombia.

Durante los últimos años, el histórico conflicto armado ha ocultado sistemáticamente una guerra de baja intensidad propiciada por el extractivismo, que silenciosa y solapadamente desvía la atención de los graves conflictos sociales y ambientales ocasionados en los territorios por las compañías petroleras, mineras, agroindustriales y por la construcción de hidroeléctricas. Siendo, finalmente, las multinacionales y el capital corporativo los grandes beneficiados del conflicto colombiano, cuando se disipan sus responsabilidades frente a la devastación ambiental territorial.

Por las situaciones señaladas en esta comunicación, exigimos:

1. El cese bilateral del conflicto armado, apoyado en un compromiso de las partes para que haya un desescalamiento del mismo.

2. A la Mesa de Conversaciones de La Habana la creación de la Comisión de la Verdad Ambiental, propuesta por el Movimiento Ríos Vivos, que además incorpore el concepto de reparación de la naturaleza, ya que no existe reparación integral de las víctimas si no se resarcen los daños cometidos a ella. Es decir, una reparación que garantice una vida digna a las víctimas, lo que implica propiciar condiciones sociales y ambientales en los territorios para adelantar sus históricas actividades productivas.

3. A los diversos actores involucrados en el conflicto armado a detener cualquier acción que afecte los bienes comunes, en especial las aguas, pues negar o afectar su acceso implica la violación de los derechos humanos y de la naturaleza.

4. Al gobierno atender las exigencias que las comunidades afectadas por las actividades extractivas en numerosas regiones del país vienen haciendo desde hace años, quienes demandan se garanticen sus derechos al agua, al ambiente sano y a la vida digna.

Bogotá, 22 de junio de 2015

¡Que cese la guerra, que se respete la vida!
CENSAT Agua Viva - Amigos de la Tierra Colombia