Dos elementos vienen facilitando esta ofensiva según la activista. El primero se refiere al retroceso referente a un “cambio de paradigma de las leyes de protección ambiental en Brasil, entre los que se destaca la aprobación en 2012 del nuevo Código Forestal”. En segundo lugar, gobiernos locales clave (básicamente los estados amazónicos) en Brasil tomaron la bandera de los mecanismos de financiarización de la naturaleza ya hace algunos años.

Dentro de estos cambios que buscan “dar seguridad jurídica a instrumentos de financiarización de la naturaleza”, también se encuentra la ley nacional de cambio climático, que creó un mercado de créditos carbonos nacional y asigna el manejo de estos créditos de carbono a la Bolsa de Valores de São Paulo. También el Código Forestal crea el instrumento las Cuotas de Reserva ambiental, un título que se puede intercambiar en la Bolsa de Valores Ambientales de Río de Janeiro (BVRio).

En relación con el lobby de los propios estados locales, Lúcia destacó la actividad paralela realizada en el marco de la 20ª Conferencia de las Partes de Cambio Climático, realizada en Lima, Perú, donde el estado amazónico de Acre firmó un acuerdo con la BVRio mediante el cual se otorga a esta bolsa la potestad de comercializar los créditos de carbono de los bosques de ese estado. Informa Lúcia que además, la BVRio viene negociando tanto créditos de carbono como los llamados servicios ambientales también directamente con gobiernos municipales.

Además, se encuentra en discusión una ley nacional sobre REDD+, y un proyecto de ley sobre pago de servicios ambientales. Según Ortiz, este debate empezó a enlentecerse a causa de la presión y crítica de sectores de la sociedad civil y movimientos sociales.

Durante la entrevista Lúcia Ortiz explica la lógica y el funcionamiento de distintos instrumentos de financiarización de la naturaleza, por lo cual recomendamos descargarla.