A mediados de diciembre ya habían sido amenazados con el desplazamiento, que además de alejarlos de sus casas y hábitats de vida ancestrales, pone en peligro sus medios de subsistencia: el “barequeo” (la extracción y separación de oro de la arena por métodos tradicionales, que practican de manera trashumante), la pesca y la agricultura tradicional.

En el desalojo ordenado por las autoridades y a pedido de Empresas Públicas de Medellín (EPM), propietaria de Hidroituango, se hicieron presentes fuerzas del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (ESMAD) y hubo varios inconvenientes. Los vecinos no aceptaron un desplazamiento individual y pidieron ser trasladados colectivamente. Sin embargo, esa medida enojó a las autoridades, que dejaron a los desplazados varados en la ruta y amenazaron a la dirigente Isabel Zuleta, del Movimiento Ríos Vivos, con una demanda penal, acusándola de instigar a los afectados a que no aceptaran un traslado individual.

Hubo además inconvenientes con el medio Teleantioquia, porque según se denuncia desde la comunidad, el reportero Wilson Cartagena insistió en hacer tomas de los rostros de las personas, lo que causó molestias en los afectados.

Radio Mundo Real entrevistó este martes a Humberto Pino, del Movimiento Ríos Vivos en Antioquia, para conocer qué pasó en el desplazamiento y cuál es la situación de las personas que hoy están en Ituango.