Los parlamentarios son Verónika Mendoza y Juan Pari, de las bancadas de Acción Popular Frente Amplio y Dignidad y Democracia respectivamente. El 13 de febrero esos dos representantes y las organizaciones sociales realizaron una conferencia de prensa para manifestar su rechazo a la Ley 30230 y al Decreto Supremo 001-02015-EM. Y allí presentaron sus proyectos de derogatoria.

Según expresaron los ideólogos de esta iniciativa, esas normas simplifican procedimientos para impulsar la inversión minera, violan la Ley de Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas y Originarios, y acuerdos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), también sobre derechos de pueblos indígenas. Ahora las organizaciones sociales piensan presentar un recurso por inconstitucionalidad de las normativas.

Radio Mundo Real entrevistó al dirigente de la Confederación Nacional Agraria de Perú (CNA) y del Pacto de Unidad, Antolín Huáscar, para saber más sobre el tema.

Uno de los asuntos que preocupa y que fue tocado por Huáscar en la charla es el de la conflictividad que se genera en los territorios cuando las empresas vulneran los derechos de las comunidades locales. El 11 de febrero los pobladores de la ciudad de Pichanaki, en la región de Junín, se manifestaron para exigir la retirada de la petrolera argentina Pluspetrol. La represión policial dejó una persona muerta, Ever Pérez Huamán, de 25 años de edad, y más de 30 resultaron heridas.

La población local pide la cancelación del contrato de exploración con Pluspetrol, porque es una zona agrícola y quiere evitar que se repita la contaminación sufrida por cuatro cuencas de la región Loreto, donde la empresa mantiene otro conflicto con comunidades indígenas. El ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, aseguró el domingo que notificarían a Pluspetrol para que se retire de la base logística de Pichanaki.