Este miércoles 19, varios partidos políticos, organizaciones sociales y movimientos se congregarán en las principales ciudades colombianas para respaldar el proceso de conversaciones de paz y exigir que se reanude y que se pacte un cese bilateral del fuego.

La suspensión de los diálogos fue comunicada luego de la retención del general Rubén Alzate por parte de las FARC y generó hondas repercusiones en las organizaciones colombianas y la comunidad internacional, tras dos años de avances en varios aspectos de los diálogos que se reflejaron en documentos temáticos, por ejemplo sobre la cuestión agraria.

Los compañeros de Contagio Radio, desde Bogotá, dialogaron al respecto con Javier Giraldo, sacerdote jesuita, defensor de Derechos Humanos e integrante de la Comisión de Memoria Histórica del conflicto y sus víctimas, delegada por las partes en conversaciones de paz, afirma que las condiciones en que se establecieron las conversaciones deben hacerse cumplir para las dos partes

Y que acciones como la retención del militar se da en desarrollo de una de esas condiciones que es conversar en medio de la guerra. “Celebrar la muerte de guerrilleros con un lenguaje muy agresivo y muy belicoso, como ha hecho este gobierno (tampoco) ayuda a la paz”, dijo el religioso en la entrevista, que puede escucharse en audio adjunto.

Juan Manuel Santos, el presidente Colombiano, anunció en octubre de 2012 que los diálogos comenzarían en Oslo, Noruega, para discutir cinco puntos: el problema de la tierra, el abandono de las armas, la entrada de los rebeldes desmovilizados en la vida política, la solución de la problemática del narcotráfico y la reparación a las víctimas del conflicto.

Aunque se formalizaron en Oslo, las conversaciones se mudaron a La Habana, Cuba, un mes después y pocos días después, la segunda guerrilla de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció su disposición de unirse al diálogo.
Las partes ya firmaron acuerdos parciales en tres puntos referentes al desarrollo agrario integral (mayo de 2013), la participación en política del grupo insurgente (noviembre de 2013) y la lucha contra el narcotráfico (mayo de 2014).

Las FARC reconocieron la retención del militar, pero señalaron que ello no debería afectar a los diálogos dado que se trata de un combatiente del estado colombiano, directamente involucrado en el conflicto armado, no de población civil.
Para Giraldo, quien fuera entrevistado en el programa Otra Mirada, la retención de un alto mando militar no representa un secuestro sino una prisión política que entra “en las reglas de juego que desgraciadamente tiene el conflicto armado”.

Y agregó que la suspensión de los diálogos “coloca en mayor riesgo la vida del prisionero”. El religioso también analizó le “intencionalidad política” que rodeó a la retención y la reacción gubernamental de suspensión de las conversaciones, con otros antecedentes en la historia reciente colombiana.