En dicho municipio, a apenas 54 kilómetros al noroeste de la capital, fue aplicado el estado de excepción por parte del gobierno de Otto Pérez Molina desde hace un mes y prorrogado por otras dos semanas en estos días. Allí, hace ocho años aproximadamente se iniciaron los conflictos a raíz de la instauración de una cementera.

El 20 de setiembre, un grupo de encapuchados asesinó a ocho personas de la aldea Los Pajoques, incendiando sus casas y destruyendo sus pertenencias.
La misión de solidaridad y verificación constató la violación de DDHH, en especial de mujeres y niños, en el municipio, durante el período de excepción, según narran en este reporte especial integrantes de la Misión.

Un Vocero de las 12 comunidades en Resistencia de San Juan Sacatepéquez relata las denuncias y demandas que comunidades han realizado durante los últimos años por la imposición del proyecto cementero y el anillo regional metropolitano, los cuales en ningún momento han sido consultados a las comunidades por parte del gobierno, mientras que los diferentes gobiernos de turno no han querido escuchar las demandas comunitarias y solo han ejercido una violencia sistemática en contra de las comunidades que están defendiendo su territorio.