La legislación que abarca a los denominados “derechos de obtentor” de variedades vegetales adquiere, en Argentina como en otros países de Latinoamérica, la denominación de “ley Monsanto” por responder a la privatización de los recursos fitogenéticos que esta trasnacional impulsa a escala de las regulaciones locales.

Aunque el proyecto aun no ha ingresado a la consideración del Congreso, señala la investigadora de la Universidad de Buenos Aires (UBA), varios movimientos sociales han planteado la necesidad de que la misma aborte antes de su discusión formal.

El proyecto que hoy se discute abarca la obtención, producción y comercialización de semillas, indica Tamara y su resistencia se basa en la experiencia de Chile, donde la presión de los movimientos campesinos y rurales en general motivaron su retiro de agenda.

El avance del agronegocio y su impacto de concentración y uniformización de la producción, desmonte y pérdida de explotaciones campesinas y familiares, está asociada al control de la semilla, indicó la activista en diálogo con nuestra colaboradora en México, Mónica Montalvo.

“Básicamente lo que se está discutiendo es que los agricultores ya no puedan guardar sus semillas y privatizar su relacionamiento con ellas”, explica la activista argentina.

Tamara indicó que la contracara de esta legislación es la “criminalización de aquellos agricultores que se coloquen por fuera de esta ley”, es decir de la agricutura campesino-indígena en la Argentina; y remarcó que su aprobación en Argentina significaría un precedente peligroso para otros países de la región.

Además de este proyecto que representa sus intereses, la trasnacional Monsanto cuenta con extendidas inversiones en la Argentina, entre las que se cuenta una megaplanta de acopio y tratamiento de semillas de maíz transgénico en las inmediaciones de la ciudad de Córdoba.

Escuche la entrevista con Tamara en audio adjunto.