“La población acá está viviendo un ambiente de tristeza y de desesperanza”, expresó el dirigente al contar que en el día de hoy el contingente policial y militar procedió a destruir las casas de las familias que habitan esas tierras desde hace más de 55 años. Cerca de 700 personas están a punto de quedarse sin tierras y sin hogar, sin saber hacía dónde trasladarse. La orden de desalojo fue realizada por el Juzgado del departamento de Tela.

Nahum denunció el involucramiento indebido de jerarcas públicos en el procedimiento de desalojo: “Una autoridad municipal, el Registrador Civil vino para hacer parte del desalojo, cuando sabemos que un registrador no tiene ninguna potestad ni autoridad para ser parte, ni dirigir un desalojo. Se presentó con un camión lleno de individuos que vinieron a sacar las pertenencias de los habitantes de sus casas, así como a destruir sus casas”. El mismo funcionario, luego de salir de la comunidad fue a desayunar al complejo de Indura Beach, según denuncia Nahum.

El dirigente garífuna en diálogo con el funcionario le preguntó si quiénes habían venido en el camión estaban siendo pagos por Indura Beach, a lo que el registrador le respondió que él mismo les estaba pagando con dinero que recibía de esa empresa.

A la par de este desalojo, la comunidad garífuna hondureña está sufriendo otro hostigamiento en la comunidad de Sambo Creek. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) “pretende cerrar la Radio Comunitaria Sugua, y nosotros sabemos que esto se debe a presiones por las demandas internacionales que comunidad garífuna tenemos contra el estado de Honduras, y no nos queda más que seguir luchando aquí”, expresó Nahum Lalin.

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