En función de esta acción de amparo, los magistrados decidieron suspender la entrada en vigor de la ley prevista para el 26 de septiembre próximo. Ahora, las partes involucradas tienen un plazo de 15 días para presentar sus argumentos en relación a la ley.

Entre otras disposiciones, la ley estipula la pena de 1 a 4 años de cárcel y multas de entre los 1000 a 10.000 quetzales (130 y 1300 dólares) para los y las campesinas que reproduzcan semillas que estén patentadas en Guatemala.
El proyecto de esta ley comenzó a partir de la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos en 2005, según afirmó en entrevista con Radio Mundo Real, el integrante del Consejo del Pueblos Mayas de Occidente, Francisco Rocael.

Según el portal Revolución trespuntocero, en la letra del tratado el Estado de Guatemala se comprometía a adherirse al último Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 1991). Esta última versión del convenio es el que ha servido de base para la elaboración de leyes similares en otros países.

Rocael indicó que el movimiento se ha parado fuerte en contra de esta ley: “nosotros lo que queremos es que la ley se derogue completamente, porque algunos diputados quieren corregir el error que cometieron aprobando esta ley, y están hablando de realizar enmiendas a la ley. Lo que nosotros decimos es que no necesitamos esta ley, que no es prioridad para nuestros pueblos, entonces que se derogue”.

“No vamos a permitir que empresas transnacionales mercantilicen nuestras especies naturales, y que tengan el control sobre nuestra alimentación y la vida de nuestros pueblos”, concluyó Rocael.

Escuche la entrevista completa en el archivo adjunto.