La “toma de Buenaventura” no llevó justicia ni protección a las comunidades negras e indígenas de la ciudad puerto, sino todo lo contrario: quienes se han atrevido a hacer denuncias hoy son víctimas de las retaliaciones de los “dueños” del puerto.
Como un llamado a la memoria, organizaciones sociales como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Asociación Nomadesc, Proceso de Comunidades Negras y Galería de la Memoria, desarrollaron el Plantón por Buenaventura, para denunciar y reivindicar la dignidad de las víctimas de Buenaventura.

En diálogo con Cesar Vargas, colaborador de Radio Mundo Real, Charo, lideresa del Proceso de Comunidades Negras ratifica estas denuncias: “continuamos teniendo personas amenazadas, continuamos teniendo personas desaparecidas, continuamos encontrando cuerpos desmembrados, continúa el asedio a las personas en los barrios controlados por los grupos armados”. Y es que según Charo, la violencia no es ejercida solamente por el accionar de los grupos armados legales e ilegales: “la mayoría de las personas afectadas son personas negras, los intereses económicos no son los intereses de las personas negras, son los intereses de gente de afuera que no es negra”.

Buenaventura es el principal puerto colombiano sobre el pacífico y uno de los enclaves comerciales más importante para la IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, creada para desarrollar el flujo comercial generado por los Tratados de Libre Comercio).

De ahí que los intereses económicos que se juegan en el puerto explican el fuerte ejercicio de violencia en pos del control fáctico del puerto, justamente cuando México, Perú, Chile y Colombia adelantan los acuerdos comerciales de la Alianza del Pacífico.