En el marco de la convocatoria al paro nacional del pueblo maya por parte del Consejo de Pueblos Mayas de Occidente (CPO), los indígenas movilizados pretendían entregar en la zona donde opera la empresa un documento para exigir el retiro del Ejército instalado allí hace tres meses. Pero la exigencia no fue recibida y las comunidades se dispersaron. La agresión a los manifestantes se concretó cuando un grupo pasó a hacer una ceremonia a la orilla de un río. Hubo seis personas heridas y una golpeada y detenida.

“Las comunidades están concientes que con la militarización del territorio se está abriendo nuevamente las heridas que dejó el conflicto armado interno durante 36 años”, dijo a Radio Mundo Real Francico Mateo, del CPO. “Es importante reiterar que en esa zona de San Mateo Ixtatán el pueblo chuj fue una de las poblaciones fuertemente afectadas con las masacres de tierra arrasada en 1980”.

Francisco catalogó de “ilegal” la detención de uno de los indígenas, que “de víctima se convirtió en victimario”. “Eso sólo aquí en Guatemala sucede. Por lo tanto a nosotros como CPO nos preocupa profundamente cómo la institucionalidad de nuestro país se ha convertido en operadora e instrumento de las empresas que tienen interés en nuestros bienes naturales”.

Este jueves el gobierno plurinacional, organización propia de los pueblos indígenas para gobernarse, en coordinación con el CPO, realizará una conferencia de prensa para denunciar las nuevas agresiones y llamar a la solidaridad nacional e internacional. Además, se pedirá al gobierno de Guatemala que recapacite y de una solución inteligente a este conflicto.

Por encima del tamaño de los emprendimientos, que no son grandes, y más que los posibles daños ambientales, a las comunidades indígenas las preocupa el acaparamiento de tierras, la militarización y el control de las empresas sobre los bienes naturales. “Nosotros estamos convencidos de que pueden haber otros intereses, otros proyectos asociados a este pequeño emprendimiento”, señaló Francisco. “(...) La gente se ha opuesto a este tipo de proyectos energéticos, más que todo por la falsedad del modelo energético que se está implementando”, y además “hay una negación de la verdad y la información a los pobladores”.

Según contó el dirigente indígena, hay algunas comunidades que están apoyando a la empresa, porque se les ha prometido energía gratis cuando el proyecto esté funcionando. Pero eso es un engaño, considera Francisco, “porque en Guatemala, según la ley de electricidad, una compañía no puede ser generadora y distribuidora a la vez”. “Aquí el monopolio de la comercialización y la distribución de la energía lo tiene Energuate, que es una empresa privada. Por lo tanto nosotros creemos que las comunidades están siendo engañadas”.

El representante del CPO denunció que Hidralia ha encontrado “aliados naturales”, gente que actúa con características de “paramilitarismo” y “de la época del conflicto armado”.

Una de las graves consecuencias de la instalación de estas represas y del accionar de Hidralia y los militares es la grave polarización que hay entre las comunidades que están a favor y las que rechazan los proyectos de energía. “Está situación está despertando el odio, reabriendo las heridas que dejó el conflicto armado interno. Como CPO vemos que este modelo de desarrollo no debe ser la vía para sacar de la pobreza a nuestros pueblos, porque está complicando más la situación, no contribuye a la reconciliación y la paz en los territorios”, destacó Francisco.

Una vez más las comunidades indígenas de la zona no han sido consultadas para la implementación de los emprendimientos, a pesar de que se limite el acceso a fuentes de agua que han sido parte de sus vidas. Francisco señaló que en 2007 el pueblo de San Mateo Ixtatán realizó una consulta comunitaria, ante la ausencia de consultas estatales, en la que 25 000 personas manifestaron su oposición a la apropiación privada de todos los bienes naturales. El dirigente agregó que inclusive en 2012 la autoridad municipal y las autoridades comunitarias habían presentado conjuntamente un recurso contra el estudio de impacto ambiental de Hidralia. Pero hay una “clara y sistemática violación del derecho a la consulta”.