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18 de junio de 2014 | | | | |

Sería Salvador

Organizaciones movilizadas para que corporaciones sean obligadas a respetar normas de DDHH

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No es tan lejana la posibilidad de que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) cree un grupo intergubernamental de trabajo a fin de establecer normas vinculantes para las empresas transnacionales en materia de derechos humanos y mecanismos para su aplicación obligatoria. Cientos de organizaciones sociales están presionando para que eso se concrete en la vigésimo sexta sesión del Consejo, que va del 10 al 27 de junio en Ginebra, Suiza.

Numerosas agrupaciones realizarán en ese marco una semana de movilizaciones en esa ciudad y en localidades de diversas partes del mundo, para denunciar a las empresas transnacionales y su “arquitectura” de la impunidad. Una delegación de activistas ambientales de la federación Amigos de la Tierra Internacional llegará hasta Ginebra para sumarse a las acciones.

El coordinador del área de trabajo de Justicia Económica de REDES – Amigos de la Tierra Uruguay, Alberto Villarreal, aclaró a Radio Mundo Real que la idea de obligar a las empresas a cumplir normas de derechos humanos tiene su primer antecedente en 1973 en Chile. Fue de la mano del entonces presidente Salvador Allende, asesinado en septiembre de ese año por la Dictadura Militar que dirigió Augusto Pinochet.

Luego organizaciones de diversas partes del mundo han trabajado por años para frenar el poder corporativo y obligar a las empresas al cumplimiento de normas legales y obligatorias sobre derechos humanos. Siguiendo la explicación de Villarreal, en 2011 el Consejo de Derechos Humanos de ONU aprobó una serie de directrices sobre el comportamiento de las empresas en materia de derechos humanos, pero voluntarias, sin carácter vinculante. “Las empresas no tienen ninguna obligación de respetarlas”.

El año pasado Ecuador, con el apoyo especial de Sudáfrica, y un conjunto de unos 85 países, volvieron a plantear el tema en el seno del Consejo de derechos humanos y la propuesta “está tomando cuerpo”, aseguró Villarreal en la entrevista que nos cedió.

En las sesiones de marzo del Consejo de Derechos Humanos de ONU “conformamos lo que llamamos la Alianza para el Tratado, una alianza informal de organizaciones”, entre las que está, sólo por nombrar algunas, Amigos de la Tierra Internacional, FIAN Internacional, la Federación Internacional de Derechos Humanos. A ellos se han sumado además más de 500 organizaciones sociales y unas 200 personas de todos los continentes que han firmado la declaración de los grupos convocantes para presionar al Consejo en el marco de ONU (ver: http://www.treatymovement.com/declaracion/).

Varias de las organizaciones que están trabajando en este nuevo impulso son parte desde 2012 de una campaña mundial para “Desmantelar el poder de las corporaciones” (ver: http://www.stopcorporateimpunity.org/?lang=es).

El 26 de junio Amigos de la Tierra Internacional presentará un informe que da cuenta de más de 100 violaciones de los derechos humanos de defensores del medio ambiente en diversas partes del mundo. El documento se titula “Defendemos el medioambiente, defendemos los derechos humanos” (disponible sólo en inglés por ahora en: www.foei.org/resources/publications/publications-by-subject/human-rights-defenders-publications/we-defend-the-environment-we-defend-human-rights/). Villarreal aseguró que ONU ha identificado públicamente el “problema creciente de las violaciones a los derechos humanos de los defensores ambientales”.

Para el integrante de REDES – Amigos de la Tierra Uruguay, la gran motivación es “ponerle freno a los atropellos de las transnacionales”, que no sólo atentan contra comunidades y el medio ambiente, sino también contra el “Estado de Derecho, la democracia en su sentido más amplio”. Argumentó que gracias a los Tratados de Protección de Inversiones, entre otros instrumentos, las corporaciones han podido acudir a instancias de arbitrio internacional dominadas por el poder económico, inclusive para demandar a Estados por sus políticas en defensa de la salud pública. Villarreal citó el caso de la tabacalera Philip Morris contra el Estado uruguayo, al que enjuició por sus políticas anti tabaco en el país. El caso se está llevando adelante en la órbita del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI, órgano controlado por el Banco Mundial). “Los Estados se encuentran indefensos, incluso cohibidos en su capacidad y obligación de proteger los derechos humanos de su población”. La demanda de Philip Morris busca impedir una legislación “a favor de la salud de los uruguayos”, protestó el activista.

Para Villarreal es fundamental frenar ya el poder que han adquirido las corporaciones transnacionales, que ya no sólo “dominan al mundo económicamente, sino también políticamente e inclusive ahora a través de la ley”.

Imagen: http://www.treatymovement.com/

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