El freno estaba condicionado a la finalización del Estudo de Impacto Ambiental. Presentado el estudio, la Secretaría de Ambiente del Gobierno de Córdoba consideró que la planta no cumplía con requisitos mínimos de gestión integral de residuos. El parecer determinó que las obras de la planta siguieran paralizadas, como lo estaban desde hacía dos meses, gracias al bloqueo realizado por las asambleas de vecinos de la zona.

“De pronto empezamos a demostrar que teníamos razón, que había una ley que no se estaba cumpliendo, y que la empresa no había logrado demostrar que no iba a contaminar”, dijo a Radio Mundo Real, una de las vecinas militantes, Celina Molina de la Asamblea Malvinas Lucha Por la Vida.

Ante lo que venía siendo una victoria de vecinas y vecinos en la resistencia a la implementación del proyecto de Monsanto, surgió una nueva amenaza: “como la sentencia decía que los permisos que se habían dado según la ley provincial no eran acordes, y que se debía aplicar la ley nacional, el gobernador de la provincia (antes que se determinara que la ley provincial era inconstitucional), dijo ’vamos a modificar la ley de acuerdo a las nuevas exigencias de la sociedad para proteger al medio ambiente”.

De ahí surge la propuesta de una Ley de Convivencia Ambiental. Según señala Celina, a pesar de que la ley fue enriquecida gracias a la participación de distintos actores, no se dio a conocer hasta un par de horas antes de ser aprobada; “y ahí es donde encontramos un par de artículos que son tramposos”, cuenta la entrevistada.

Rearmando la trampa

La ley tiene como meta, según las vecinas, vecinos y ambientalistas, darle otra oportunidad a Monsanto. Una de las trampas mencionadas por la militante cordobesa tiene que ver con la modificación del actual ordenamiento territorial de la provincia, que propone la ley: “En base al ordenamiento territorial vigente, la planta de Monsanto se encuentra justo en una zona que se puede destinar solamente a actividades agrícolas no contaminantes, y la actividad de Monsanto es contaminante”.

En segundo lugar, la ley propone dar respuesta a las demandas de participación, de realización de consultas populares y audiencias públicas previos a implementación de proyectos: “varios artículos que son enriquecedores, que refuerzan el principio precautorio en lo que hace al derecho ambiental”, según cuenta Celina. Esto es entendido como una estrategia del gobierno de Córdoba para que se vuelva a tomar una decisión sobre la pertinencia del proyecto de Monsanto, con la promesa de que las y los vecinos cuenten con “nuevas herramientas”. El problema, afirma la entrevistada, “es que a Monsanto ya se le dijo que No”.

Mano dura

Los movimientos sociales que se movilizaron frente a la Legislatura Provincial el día en que se aprobaba la ley, fueron duramente reprimidos, dejando un saldo de varias personas heridas y 26 personas detenidas. Los presos fueron liberados, pero 23 de ellos quedaron con causas penales abiertas.