Una de las experiencias más recientes a este respecto es la Iniciativa Yasuní ITT, con la cual el gobierno del Ecuador durante siete años, y recogiendo el llamado de la sociedad y el sector ecologista ecuatoriano, construyó como política de Estado la propuesta de dejar el petróleo en el subsuelo.

Luego de ese período de capacitación internacional y nacional de lo que significa la explotación petrolera, y con la defensa del Yasuní como modelo de política ambiental, el 15 de agosto de 2013 el gobierno de Rafael Correa decidió a través de un decrteo liquiar la iniciativa Yasuní ITT. Desde ese entonces diversos sectores han intentado evitar que se explote el crudo en dicha región. Han habido movilizaciones y continuas interlocuciones con la Asamblea Nacional en las que las organizaciones y colectivos en defensa del Yasuní han reclamado respeto a la Constitución Política, a los derechos de la naturaleza y a la plurinacionalidad.

Esperanza Martínez, integrante de Acción Ecológica y OILWATCH, señaló a Radio Mundo Real que esos ejercicios de movilización y la presión ejercida a la Asamblea Nacional y a la Corte Constitucional no resultaron exitosos porque se antepuso siempre el argumento de la necesidad del país de explotar el petróleo como motor del desarrollo social.

En la entrevista cedida al corresponsal Danilo Urrea*, Martínez explicó que “cuando se cerraron esas puertas nos lanzamos a una de las campañas más complejas que hemos vivido en el Ecuador, lograr recoger el 5 por ciento del padrón electoral para irnos a una consulta popular […], con un respaldo tan amplio que empezó a generar sustos en las instancias oficiales”.

Al tiempo que se inició el proceso de la Consulta Popular para que el pueblo decida si está de acuerdo o no con dejar el petróleo en el subsuelo, se lanzaron otras dos consultas populares. Una de ellas busca preguntar a la población ecuatoriana sobre su rechazo o aceptación a cualquier tipo de proyecto extractivo en el teritorio nacional, la otra presenta un marcado énfasis en el respaldo al gobierno en su intento de explotación del Yasuní. Según Martínez, la aparición de estas dos consultas más es un claro intento por confundir a la gente, y constituyen un dispositivo de mecanismos tramposos y una campaña sucia para evitar que llegue a buen término la Consulta Popular para decidir si se deja o no el petróleo en el subsuelo.

De acuerdo a la reglamentación del mecanismo de participación enmarcado en la Constitución Política de Ecuador, la pregunta que se someta a votación popular debe ser validada por la Corte Constitucional antes de dar inicio al proceso de recolección de las firmas que respaldan la solicitud. Sin embargo, en el caso específico de la Consulta Popular por el Yasuní el proceso ha tenido variaciones. La integrante de Acción Ecológica explicó que “ha sido un proceso cargado de montones de irregularidades, un proceso en el que las mismas autoridades electorales que van a evaluar las firmas se han pronunciado a favor de la explotación petrolera”. “En lugar de seguir el procedimiento tradicional de calificar la pregunta y su constitucionalidad, nos han dicho que primero recojamos las firmas y después se calificará la constitucionalidad. Ha sido un proceso muy complejo”, añadió.

Como resultado del proceso de Consulta Popular, han arreciado las críticas al extractivismo, principalmente desde la juventud, que en espacios culturales de amplia participación, como el YasunizArte realizado el 5 de abril, reclaman un Ecuador post-petrolero. Para Martínez, estas expresiones representan el llamado de la sociedad para “empezar a pensar en un mundo en donde se supere esta civilización petrolera capitalista que está significando dañar el planeta, pero también dañar nuestros cuerpos y obviamente nuestros territorios, esa es una gran batalla que se da”.

Por otra parte, la campaña de la Consulta Popular, mecanismo que actualmente no se usa sólo en el Ecuador sino que se extiende a diversas partes de América Latina para decidir sobre el modelo extractivo, pareciera cuestionar la estructura misma de la toma las decisiones. “Lo que se está planteando es que este tipo de decisiones fundamentales se tomen por parte del conjunto de la población, es un asunto de interés general, y se está proponiendo que el ejercicio de democracia directa funcione para actividades que son determinantes para el futuro, los jóvenes están dando una lección al decir: nosotros queremos ser parte de la decisión”, enfatizó Martínez.

En la conversación con Radio Mundo Real, la integrante de Acción Ecológica, organización a la que en el pasado reciente el presidente Rafael Correa intentó suspenderle la personería jurídica, analizó la actualidad del Ecuador, y resaltó que se ha pofundizado el extractivismo a pesar de discursos progresistas y posiciones que en teoría rompen con un pasado inmediato neoliberal. “Nosotros estamos viendo que de todas maneras se está apostando a mantener un modelo que sacrifica territorios, que mantiene la acumulación por despojo, y que continúa y profundiza esquemas de criminalización de aquellas comunidades o de aquellos actores, como son los ecologistas, que defienden la naturaleza”.

Finalmente, la activista ecuatoriana resaltó que “se intenta sacrificar eso por lo que han luchado históricamente los pueblos, que son esos territorios de la utopía, aquí se está poniendo en riesgo esos territorios y esto es interesante porque esa utopía está simbolizada en el Yasuní”. “De alguna manera lo que está en juego y lo que se está defendiendo son los escenarios de la utopía”, sentenció Martínez.

* Integrante de CENSAT Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia.