Bertha era acusada de “posesión ilegal de armas de fuego en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras”.

“¡Victoria para la lucha del COPINH, la tenacidad y la solidaridad!”, empieza diciendo un comunicado de prensa emitido por la organización el propio lunes.

Bertha Cáceres fue puesta en prisión el 24 de mayo por efectivos militares, con el apoyo de la policía, bajo el argumento de que se le había encontrado un arma corta de fuego en la parte de atrás de su vehículo.

Al día siguiente fue liberada con medidas sustitutivas: presentarse una vez por semana al Juzgado de Santa Bárbara, no salir del país y someterse a un juicio.

Al momento de ser capturada, Bertha se desplazaba para brindar su apoyo a las comunidades del pueblo indígena lenca de Río Blanco, en el departamento de Intibucá, acuciadas por el recrudecimiento de la represión policial y militar por su resistencia al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, sobre el río Gualcarque.

Agua Zarca está ubicado en tierras ancestrales del pueblo lenca y las comunidades locales no fueron consultadas por el emprendimiento, en violación al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que exige consultas vinculantes a comunidades indígenas afectadas por los emprendimientos en sus tierras.

Con la resolución del lunes “queda extinguida la acción penal y revocada las medidas cautelares” que pesaban contra la coordinadora del COPINH, expresa la web de la organización.

Antes de esta nueva decisión el COPINH había alertado también el lunes en su portal de internet: ”esperamos que hoy mismo se ponga fin a esta acción judicial que es parte de la persecución política y judicial contra la compañera y contra” la organización. “Este caso es derivado de un montaje ejecutado por el Ejército de Honduras, particularmente el Batallón de Ingenieros, responsable del asesinato del compañero Tomas García, crimen que aún está impune. Todo lo anterior se da en el marco de la lucha en defensa del territorio y del Río Gualcarque, que se desarrolla en Río Blanco y que ha cumplido ya 10 meses de ejercicio de autonomía y control territorial, con la firme decisión de no permitir la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca”. Participan en el emprendimiento la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), FICOSA y los Países Bajos con el aporte de fondos, entre otros actores.

En junio del año pasado, el abogado defensor de Bertha y del COPINH, Marcelino Martínez, dijo a Radio Mundo Real que el arma que portaba la activista fue “incautada” en la cajuela trasera del vehículo, lo cual hace improbable que ella la tuviera para defensa o para agredir. Asimismo, resumió que no se investigó la propiedad del arma, que fue la única pieza utilizada por la Procuraduría en contra de la luchadora social.

“Los miembros del Ejército (quienes registraron el vehículo de COPINH donde se trasladaba Berta y el comunicador indígena Tomás Gómez) están formados para enfrentar enemigos y se le dio a Bertha el trato de enemigo, no de persona con derechos. El procedimiento no se cumplió y está pringado de nulidad”, resaltó el jurista entonces.

Luego de la resolución judicial del lunes el COPINH manifestó también que “el Estado de Honduras ha reconocido su error, ha depuesto su persecución judicial en este caso. Acepta, incluso, el respeto que merece la labor de defensa de los derechos de los pueblos indígenas que desarrolla la compañera Bertha Cáceres y el COPINH mismo, y la obligación del Estado de respetar los tratados internacionales que protegen esa actividad y el derecho a la cultura y defensa de los territorios indígenas”.

En tanto, el 4 de enero la Corte de Apelaciones de la localidad hondureña de Comayagua revocó una decisión judicial de septiembre de 2013 que determinaba prisión para Bertha y medidas sustitutivas para sus compañeros del COPINH Tomás Gómez y Aureliano Molina.

La resolución de la Corte dio lugar al recurso de apelación presentado por la defensa de los dirigentes. Revocó también la orden de captura y demás medidas cautelares que pesaban contra Bertha. No obstante, se trató de un “sobreseimiento provisional”, no definitivo.

Cáceres, Gómez y Molina fueron acusados de los delitos de usurpación, coacción y daños a la empresa DESA, por parte del Ministerio Público y la propia compañía.