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11 de febrero de 2014 | Testimonios | Agua | Acaparamiento de tierras | Anti-neoliberalismo | Bosques y biodiversidad | Derechos humanos | Justicia climática y energía | Soberanía Alimentaria
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En Veracruz, al sur de México, se proyecta la construcción de 112 presas y seis hidroeléctricas sin la autorización de las comunidades, que en las últimas semanas se movilizaron en diversos municipios de la cuenca del río La Antigua y lograron la intervención estatal en la inspección a la constructora Odebrecht, cuyos trabajos podrían generan en caso de arrastre del río la inundación de varios territorios.
Además de no contar con la autorización de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la presa La Antigua se prevé construir en una zona donde se sabe existe una falla sísmica, por lo cual sería una bomba de tiempo para las comunidades ribereñas tanto de La Antigua como de ríos conexos.
Desde hace cuatro años, los habitantes de la región accedieron a documentos donde se expresaba la intención de construir esta presa por parte de la constructora multinacional de origen brasileño, aunque no obtuvieron información de fuente oficial.
Aún hoy, con la empresa instalada y realizando trabajos de exploración previa, los cuales ya han acumulado materiales en el cauce del río -que podrían significar un riesgo para las poblaciones de Jalcomulco, Apazapan, La Antigua, Paso de Ovejas, Emiliano Zapata, Teocelo, Xico e Ixhuacán de los Reyes, totalizando 1,2 millones de personas- la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de la Unión Mexicana sostiene que “no existe proyecto” al no contar con una solicitud de estudio de impacto ambiental.
En cambio, desde el pasado 20 de enero, las comunidades han salido a las carreteras del estado, bloqueándolas, para llamar la atención de las autoridades.
Así lo comentó a Radio Mundo Real, consultado por nuestra colaboradora en México e integrante del colectivo Hijxs de la Tierra Mónica Montalvo, Emilio Rodríguez, de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LAVIDA).
Veracruz cuenta con 18 cuencas hídricas las cuales concentran (“producen”) el 30 por ciento del agua dulce mexicana, pese a lo cual, como fue dicho, se proyectan construir 112 presas. Muchas de ellas, como la de La Antigua, se construirían en zonas declaradas “de veda”, es decir impedidas de nuevos megaproyectos, al constatarse oficialmente la drástica pérdida de biodiversidad de este estado sureño mexicano.
La economía de las comunidades costeras de La Antigua es fundamentalmente rural, pesquera y de eco-turismo, con diversidad de cultivos y abundancia de agua que les brinda gran calidad de vida, señalan algunos de los protagonistas de la resistencia, consultados para el informe de audio adjunto. “Daría la vida por el río”, dice otra de las participantes de la resistencia.
“Para las comunidades de la cuenca no habrá beneficios. Habrá beneficios para un pequeño grupo de personas, el sistema político. Y para la empresa, que si se vino de Brasil hasta acá es porque hay negocio”, indicó uno de los participantes en los bloqueos que impidieron a Odebrecht acceder a su obrador.
El bloqueo de carreteras fue implementado porque Odebrecht ya agotó el tiempo de 80 días para realizar los estudios de suelo en el predio conocido como Tamarindo, agregan. Y para romper la pasividad de las autoridades. Nueve horas después de bloquear la autopista federal Jalapa-Veracruz, el gobierno del estado veracruzano convocó a las organizaciones.
Y posteriormente las entidades estatales enviaron una inspección que certificó que se trata de acciones irregulares de la constructora, al tiempo que la conminó a remover a la brevedad un “islote” de materiales generado en pleno cauce del río.
Además de las ocho cabeceras municipales, en total serían 42 las comunidades afectadas por la presa para la cual Odebrecht prepara el terreno. Según medios digitales del estado de Veracruz, los ejidatarios –propietarios comunitarios de tierra de acuerdo con la reforma agraria de inicio de siglo XX en México- se resisten a que sus predios queden sumergidos por el proyecto de represamiento.
“Todo lo pasan por alto, quieren que uno respete las leyes y ellos no respetan nuestras tierras, igual que con las reformas cuándo nos consultaron; lo terrible es que hacen negocio con nuestras tierras y ni siquiera consultan primero” dijo el ejidatario Jorge de Tlaltetela.
Escuche la producción sobre esta resistencia en marcha en audio adjunto.
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