Esta “demora” priva al gobierno argentino de 3.500 millones de dólares, indispensables para las políticas de distribución de renta que lleva adelante. El chantaje exige la reducción del gasto público en áreas sociales y la desestabilización social.

¿Cuál es el trasfondo de la devaluación en Argentina y el aparente desabastecimiento? ¿Cómo afecta a los trabajadores, campesinos y desocupados? ¿Qué implicancias tiene para el conjunto de los alimentos y bienes esenciales para la población de más de 40 millones de personas? ¿Por qué la política económica de la Presidenta Cristina Fernández resulta tan vulnerable ante la presión empresaria?

El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-CLOC-Vía Campesina) publicó este lunes 3 de febrero un posicionamiento que, en sus consideraciones, responde algunas de las preguntas anteriores. Por ejemplo, señalando que unas 28 corporaciones controlan más del 70 por ciento de las cadenas agroalimentarias, mediante una alianza entre corporaciones trasnacionales y empresariado argentino.

Asimismo, cuatro grandes empresas (a saber: ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus) controlan el 90 por ciento de la exportación de granos. Los impuestos de exportación sobre la soja de estas empresas correspondiente a la zafra 2013 son precisamente los 3.500 millones de dólares que aún no se han volcado al mercado argentino, encareciendo el dólar por falta de oferta.

Esto sumado a la psicosis –fundamentalmente capitalina- casi religiosa por la obtención del billete verde norteamericano, con el fogoneo incesante de los otros monopolios, los mediáticos, que inciden en las capas medias de Buenos Aires.

Las propuestas de transformar esta coyuntura en un avance de las conquistas populares en Argentina incluyen la estatización del comercio exterior, una política de fomento a la agricultura familiar y campesina, con base en las organizaciones de la economía popular y la anulación de la ley de privatización de semillas que impulsa MONSANTO, señala el movimiento campesino.

Diego Montón, de la conducción de este movimiento, dialogó con Radio Mundo Real sobre el análisis de la coyuntura y el posicionamiento de su organización, señalando que está en juego no solamente las políticas sociales sino la propia estabilidad democrática en Argentina.

Oportunidades perdidas

Desde la provincia de Mendoza, a 1.200 kilómetros al noroeste de Buenos Aires, Montón apuntó que la vulnerabilidad del gobierno argentino también paga el precio de algunas oportunidades perdidas para fortalecer sus políticas, en 2013. Y señaló que si bien los trabajadores formales cuentan con un ámbito de negociación para evitar la pérdida de salario a raíz de estas medidas (las conocidas como “mesas paritarias”), la economía no formal y los desempleados no pueden hacerlo.

“Mucho antes debería haberse avanzado sobre esa gran renta que es apropiada por las corporaciones trasnacionales a través de la comercialización de granos”, indica Montón en la entrevista.

“Los mismos sectores que dominan el mercado de divisas, son los que especulan y provocan aumentos en los precios y otros elementos básicos en la cotidianeidad de los argentinos”, sostuvo.

El proyecto de estos empresarios es reducir el gasto público y desandar el proceso de estatización de los fondos previsionales y empresas estratégicas como la petrolera YPF. En momentos en que dialogábamos con Diego Montón, dirigentes de las empresas cerealeras y de las gremiales agropecuarias asociadas eran convocados a la Casa Rosada para dialogar con el Ministro de Economía y el Jefe de Gabinete nacionales.

Desde el MNCI también se plantea la necesidad de que instancias como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) se plantee la creación de una flota mercante que permita el intercambio intra-continental sin dependencia de las trasnacionales. Como Cargill, que revende a Venezuela el maíz argentino a un coste “cinco veces mayor”.

Otros analistas (Atilio Borón) y actores sociales y políticos argentinos han coincidido con la posición del MNCI respecto a la necesidad de acciones de cambio estructurales de la conducción de Cristina Fernández, como la reinstauración de las Juntas Nacionales de Granos como forma de incrementar el control estatal sobre las exportaciones.

De ahí el título de la declaración de la organización campesina, algunos de cuyos cuadros colaboran con la administración de Fernández desde instancias como la Subsecretaría de Tierras del Ministerio de Agricultura: “es tiempo de definiciones”.